Un juez de esa ciudad obliga al Ayuntamiento de Olmedo a retirar vestigios de exaltación al régimen.
El abogado madrileño Eduardo Ranz, que recientemente presentó una demanda contra la Ciudad Autónoma de Melilla por mantener en espacios públicos urbanos símbolos franquistas, ganó ayer un juicio en Valladolid por el mismo asunto.
El Faro publicó el pasado 8 de junio una entrevista con este letrado, quien explicó que el Ejecutivo melillense “no ha elaborado un catálogo de vestigios de la dictadura”, algo a lo que están obligados los Ayuntamientos por la Ley de Memoria Histórica
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid obligó al Ayuntamiento de Olmedo, en la misma provincia, a elaborar el citado catálogo. Asimismo, le ordenó la retirada de cualquier simbología del régimen franquista y su represión.
La sentencia estimó la demanda interpuesta el pasado 1 de mayo por Ranz, en su propio nombre, para instar al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica tanto al municipio vallisoletano de Olmedo como a otros veinte más en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Madrid.
La sentencia dictada ayer no admite recurso y es la primera emitida sobre los 21 municipios demandados por el incumplimiento del artículo 15.1 y 15.3 la citada ley, que fue aprobada en 2007.
El juzgado obliga al consistorio de Olmedo “a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura”, y a que proceda “a la retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”.
Quedan pendientes de fallo demandas interpuestas contra los municipios de las provincias de Ávila, Burgos, León, Soria y Valladolid, en Castilla y León; Almería, Jaén y Málaga, en Andalucía; y también de Asturias.
Asimismo, hay demandas pendientes en localidades como Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Alberche del Caudillo (Toledo). También en Tortosa (Tarragona), Guadiana del Caudillo y Villafranco de Guadiana, en Badajoz. Los Ayuntamientos de Logroño y Madrid también fueron demandados.
