La red considera que el tiempo apremia, ante el “formidable” aumento de la pobreza nacional. El segundo informe de la red EAPN España sobre el ‘Impacto de la crisis’ entre los años 2009 y 2011 pone de relieve el empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles y el agravamiento de los porcentajes de población en riesgo de pobreza y exclusión social. En las conclusiones del citado informe, destaca que el hecho de que las personas en riesgo, 12.741.434 españoles, cuestiona “profundamente la efectividad de las estrategias oficiales aplicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.
El aumento de la tasa no ha sido homogéneo entre todas las comunidades autónomas, pero sí ha acrecentado las diferencias y desigualdades territoriales, en especial, entre norte y sur. “Las grandes diferencias territoriales en la evolusión del indicador Arope y de cada uno de sus factores sugieren que la crisis no es el único factor y que existen razones diferentes”, aunque en este informe, EAPN no produndiza en ellos, pero sí recalca la importancia de analizar la efectividad de las medidas que cada región está aplicando, adecuadas a las necesidades y particularidades de cada territorio.
Nuevas medidas y urgentes
El “formidable” aumento de las cifras de la población en riesgo de pobreza y exclusión social indica “la urgente necesidad de reformular las medidas de protección a la ciudadanía, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, como en la contención de la desigualdad”. En este sentido, EAPN justifica que “la pérdida de bienestar no es únicamente consecuencia de la crisis, si no de su combinación con políticas que no han demostrado capacidad para contenerla”.
Pacto Social por la Inclusión
Por ello, la red insistió en que la inclusión social debe estar en el centro de la agenda política del país y que deben aplicarse políticas decididas que no estén centradas exclusivamente en incentivar el crecimiento. “La experiencia de los últimos años es prueba de que el crecimiento económico por sí mismo no disminuye la exclusión social ni los niveles de pobreza”, argumentó la EAPN y añadió que “es importante que las estrategias de lucha contra la pobreza sean transversales e incorporen medidas diseñadas para garantizar la cohesión social y territorial”.
Por otra parte, consideraron que los beneficios del crecimiento y del empleo deben distribuirse de manera más igualitaria. “El reto por la inclusión social pasa porque los poderes públicos garanticen el cumplimiento de los derechos sociales de las personas, y esto incluye asegurar la dotación de recursos suficientes para ello”, razonó. Por ello, EAPN y demás entidades sociales han venido reclamando un Pacto de Estado para la Inclusión, “que coordine la acción de las distintas administraciones públicas y demás actores sociales y que tenga como objetivo fundamental construir un modelo de desarrollo económico y social inclusivo”.
