La mejora de las infraestructuras existentes y la construcción de otras nuevas son dos de los ejes de actuación de las administraciones, también en Melilla. Esas obras deben ajustarse a una serie de trámites legales, que conllevan no solo la redacción de los proyectos y el encargo de su ejecución, sino que el proceso tiene que hacerse además de forma transparente para que las empresas puedan optar en igualdad de condiciones a los concursos. Es la vía reglamentaria para optar a un contrato de obra pública.
Por ello, es relativamente accesible conocer el volumen de inversión que realiza cada institución a lo largo de un ejercicio presupuestario. Así lo hacen colectivos como la Asociación de Empresas Constructoras, cuyos responsables recopilan puntualmente cada una de las obras que se ejecutan en el país, ya sea por parte del Gobierno central, las autonomías o los entes locales (ayuntamientos y diputaciones).
Un matiz que suelen hacer quienes se dedican a estas tareas de análisis de datos es que en la obra pública hay que diferenciar entre las cantidades que se manejan en las licitaciones y las finalmente resultantes de las adjudicaciones.
Esto es así por dos razones, fundamentalmente. La primera, porque una actuación en infraestructuras se suele sacar a concurso por un montante económico determinado y, finalizado el trámite, se encarga a una constructora por un coste menor debido a que las ofertas casi siempre son más bajas que el precio de salida. De otro lado, hay casos, aunque los menos, en los que la licitación no llega a buen puerto por distintas circunstancias, como puede ser una decisión técnica para anularla o que el proceso quede desierto al no haber propuestas sobre la mesa.
Los encargos a las constructoras por año
Por ello, los entes empresariales que centran su actividad en la obra pública anotan en sus informes el total de la inversión ya adjudicada, que es la que tiene más garantías de llevarse a cabo. En el caso de Melilla, los números facilitados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras señalan que en los últimos cinco años se han contratado en la ciudad 175 actuaciones de obra pública.
Eso ha supuesto un desembolso para las administraciones de 138 millones de euros, según el mismo informe al que ha accedido El Faro de Melilla. El reparto por años de esas obras en el último lustro ha sido dispar, ya que ha dependido de factores como la consignación de fondos en los presupuestos y de la fecha en la que se hayan formalizado los contratos.
El ejercicio 2025 ha sido el que más proyectos adjudicados acapara, con un total de 44, y una inversión global de 34,8 millones de euros. En 2024 se encargaron 37 obras públicas, por un montante económico de 39,9 millones. Mientras, en el ejercicio 2023 se destinaron 32,4 millones para un total de 33 actuaciones.
En cuanto al año 2022 (previo a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023), se adjudicaron 36 construcciones, si bien fue un periodo con poco dinero gastado, ya que se llegó a los 16 millones de euros. Finalmente, en 2021 se encargaron 25 trabajos de obra pública que alcanzaron los 14,9 millones.
El reparto entre administraciones
Otro campo que se recoge en el análisis de la patronal de empresas constructoras es la delimitación de qué administración financia esos proyectos. En el caso de Melilla, las dos entidades que copan las actuaciones son el Gobierno central, a través de sus ministerios y de los organismos dependientes del Estado, y la Ciudad Autónoma.
En volumen económico, la apuesta inversora entre ambas administraciones ha sido más o menos similar en el último lustro. Así, la Ciudad han dirigido a obra pública en el periodo analizado un total de 73 millones de euros, mientras que el Estado ha alcanzado los 65,1 millones.
Donde sí se aprecian diferencias es en el número de actuaciones realizadas, de manera que frente a 39 que han correspondido a la Administración local entre 2021 y 2025, el Gobierno central ha asumido 136, pese a que en millones de euros no existe tanta distancia numérica.
Otro de los epígrafes que revela el informe consultado es qué tipo de trabajos se han ejecutado en la ciudad. Así, distingue entre lo que han sido proyectos de rehabilitación y los de obra nueva, además de especificar qué entidad pública lo ha financiado.
Este apartado, el Gobierno de Ceuta ha adjudicado en el ejercicio 2025 un total de ocho contratos de rehabilitación (ya sea en inmuebles o en otras infraestructuras), por un global de nueve millones. En cuanto a obras nuevas, ha encargado cuatro trabajos de construcción, que suman 7,45 millones de euros.
El Gobierno central ha ejecutado en Melilla nueve millones en 19 proyectos de rehabilitación en el año 2025, mientras que a obra nueva destinó 8,9 millones de euros en 13 planes de inversión pública.
