En los últimos tiempos, el mundo parecía dividirse en “antes de la pandemia” y “después de la pandemia”, pero la realidad nos vuelve a abrir los ojos a golpe de desgracias y ahora la guerra de Ucrania y su expansión geopolítica globalizante, viene a complicar aún más la ya de por sí deteriorada situación económica de buena parte del planeta, del que Melilla, aunque a veces sintamos lo contrario, forma parte integrante.
Creo que el Gobierno central ha actuado como exigía el momento, si bien le llueven algunas críticas por la tardanza en publicar las medidas urgentes contenidas en el Real Decreto 6/2022 en un “Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. Del texto se desprenden bonificaciones para los sectores afectados por las subidas del gas, gasolina y electricidad -que se ha multiplicado por cinco en un año- control del precio de los alquileres, elevación del Salario Mínimo Vital, el reforzamiento de bonos sociales para paliar la pobreza energética, así como otras importantes medidas. Estamos hablando de unos 16.000 millones de euros, 6.000 en ayudas directas y 10.000 para créditos ICO.
No voy a detallar las muchas vulnerabilidades de nuestra querida ciudad porque ya son más que conocidas, analizadas, estudiadas, discutidas y propuestas para solución, aunque esas “soluciones” tardan en llegar y el tiempo suele jugar malas pasadas añadiendo nuevas dificultades e inconvenientes.
Según el ejecutivo de Sánchez, la máxima es bajar los costes económicos y sociales además de atajar la galopante inflación que nos asola. Ese IPC que oímos todos los días en los telediarios y que las economías domésticas conocen muy bien porque lo sufren en la cesta de la compra. Algo sumamente injusto que soportamos todos los españoles sin distinciones: el precio del pan, de la leche, de la luz etc., es el mismo para pobres y ricos, lo cual hace aumentar la brecha social entre unos y otros, cuestión insostenible para quienes poseen bajos salarios, no digamos ya para quienes no lo tienen. Pues bien, un dato: la subida adelantada del IPC marca en marzo un máximo histórico nacional: el 9,8%, y en Melilla un 10%.
La política económica española se rige por determinados principios y medidas dictadas desde Moncloa y en muy buena parte desde Bruselas. Llevamos mucho tiempo reivindicando el establecimiento de una oficina permanente que represente nuestros intereses ante la Unión Europea.
Las autonomías, en virtud de sus marcos competenciales, también aportan su “granito de arena”. En Melilla, al igual que en Ceuta, carecemos de muchas competencias que otras comunidades ejercen y desarrollan en beneficio de sus residentes. Aquí insistimos en la necesidad de reformar el “envejecido” Estatuto de Autonomía, un proceso que tiene sus tiempos y requiere aunar voluntades.
Cuando se pregunta a la ciudadanía sobre sus principales inquietudes y prioridades, son unánimes en las respuestas: tener un trabajo, formación, una salida profesional que dignifique su condición, la libertad económica y en definitiva un camino estable de futuro.
La depresión empresarial que sufrimos, con la ruptura traumática del anterior modelo económico establecido en Melilla, no es el escenario más favorable para la creación de empleo y tampoco el país ofrece demasiadas válvulas de escape para nuestros demandantes de trabajo.
El objetivo ahora es agudizar el ingenio para alcanzar competitivamente nuevos mercados, sostener -en lo posible- desde las instituciones a las empresas y ayudarlas con los estímulos oportunos para que mantengan el empleo y sus inversiones o desplieguen otros negocios que “desatasquen” esa especie de “generalizada desconfianza productiva”. Al respecto, estimo que los esfuerzos y las medidas -dentro de sus limitadas competencias- que se están implementando por las actuales consejerías del gobierno melillense, son meritorias; considerando el gran momento de dificultad, la complejidad administrativa y la fuerte presión a la que están sometidos y sometidas sus titulares.
Sin hacer juicios que se puedan tildar de interesados o subjetivos, atendiendo única y exclusivamente a los datos y estadísticas oficiales del INE o del mismo Servicio Público de Empleo Estatal, la evolución del paro en Melilla desde el anterior gobierno, cierre fronterizo, crisis económica, así como el tránsito por la Covid-19 presenta un signo positivo, sin que con ello quiera expresar ningún triunfalismo; pero sí, plasmar la realidad conforme a las fuentes oficiales.
En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, que es otro de los parámetros que suelen manejarse, debo decir que son complementarios a los del paro registrado, pero no deben compararse de forma directa porque sus variaciones no son simétricas, ya que corresponden a conceptos distintos y proceden de fuentes de diferente naturaleza. A finales de junio de 2019 teníamos 23.337 afiliados; en febrero de 2022 los afiliados a la Seguridad Social fueron 24.492.
Para finalizar, los últimos datos del mes de febrero de 2022 suministran la cifra de 7.631 desempleados – algo que no veíamos desde el año 2008- frente a los 10.700 de junio de 2019.
En lo referente a las tasas de paro juvenil, históricamente una de las mayores de Europa, hemos bajado nada menos que 25 puntos. De un 72,7% en junio de 2019 al actual 47,7%, lejos todavía del 30,7% del Estado en su conjunto.
Que cada cual saque sus propias conclusiones.
