CpM pide que una asesora jurídica devuelva once años de salario público

Denuncian que Mª José Aguilar trabajó para el sector privado sin tener permiso de compatibilidad.

Al principal grupo de la oposición, Coalición por Melilla (CpM), no le ha gustado la decisión del Gobierno local de dar permiso a la actual asesora jurídica de Presidencia, María José Aguilar Silveti, de compaginar su función en la administración pública con su actividad laboral en el ámbito privado. La diputada cepemista Sallima Abdeslam criticó en la jornada de ayer, en declaraciones a los medios de comunicación, que el Ejecutivo haya tardado once años en dar este permiso a Aguilar Silveti, pues lleva siendo asesora de la Ciudad, contrata como personal eventual, desde el 2003.
La dirigente de CpM reprochó que Aguilar Silveti haya estado cobrando dinero procedente de las arcas públicas “de manera ilegal” desde hace más de una década. Por ello, reclamó al Gobierno que haga devolver a la asesora jurídica todo el salario percibido hasta la concesión del permiso para hacer compatible su trabajo público con su actividad privada. “Que reintegre cada céntimo que ha recibido de manera irregular”, aseveró Abdeslam.

Aprobado en Comisión
La decisión de conceder la compatibilidad a esta asesora jurídica se tomó ayer mismo en Comisión de Administraciones Públicas, a la que asistió la propia diputada cepemista. El asunto se aprobó con los votos en solitario de los representantes del PP, mientras que PSOE y PPL se pronunciaron en contra. La dirigente de CpM señaló que se abstuvo en la votación porque no contaba con la información suficiente para pronunciarse sobre el asunto. Una vez concluida la reunión, llegó a la conclusión de que debería haberse negado a que la propuesta viera luz verde. “Tenía que haber votado en contra”, apuntó posteriormente en rueda de prensa.

Sin información
Por esta razón, la cepemista no planteó en Comisión que Aguilar Silveti devuelva todo el salario percibido desde el 2003. Además, apuntó que PPL y PSOE contaban con más datos sobre esta cuestión, pues los dirigentes de ambas formaciones tenían constancia de que la asesora también trabajaba en el ámbito privado. De hecho, afirmó que la aprobación del permiso de compatibilidad se llevó a Comisión a raíz de una petición de información que realizó PPL el pasado ejercicio.
“¿Cómo es posible que se haya dado tan tarde y a raíz de una reclamación realizada por la oposición? No entendemos que el Gobierno local permitiera esta situación. Esta señora debe devolver todo el dinero recibido hasta la aprobación de su compatibilidad”, agregó. “Únicamente pedimos que se siga la legislación vigente”.