Melilla afronta un momento crítico en la gestión de los centros de acogida de menores. La reducción progresiva de la presión sobre estas instalaciones, derivada del descenso de la contingencia migratoria, no debe interpretarse como un alivio que permita la improvisación, sino como una oportunidad para planificar y consolidar un modelo de gestión estable. Así lo advierte CpM, que insta a las autoridades locales a actuar con criterio y transparencia.
Desde la formación política subrayan que el fin de la situación de emergencia plantea interrogantes esenciales sobre la organización del sistema de atención a menores. Entre ellos, destacan el dimensionamiento adecuado de las plantillas, la estabilidad del empleo vinculado a los centros y la definición del modelo de gestión que debe prevalecer en esta nueva etapa. CpM insiste en que estas cuestiones no pueden seguir siendo ignoradas por el Gobierno de la Ciudad.
La situación sobre el terreno evidencia la urgencia de tomar medidas planificadas. Existen denuncias sobre trato desigual entre distintos recursos asistenciales y protestas laborales en el centro de La Purísima debido a las condiciones de trabajo. Además, persiste la incertidumbre sobre el futuro de los profesionales que allí prestan sus servicios. CpM advierte que no se trata de problemas marginales, sino de señales de que el sistema requiere orden y criterios claros antes de que el fin de la contingencia deje paso a un “caos silencioso”.
En este contexto, la formación política insiste en que la mejora del entorno migratorio no puede servir como coartada para decisiones precipitadas que comprometan el empleo o la calidad de la atención. “Los menores bajo tutela pública merecen estabilidad, no vaivenes organizativos. Y los profesionales que los cuidan merecen certidumbre, no precariedad encubierta”, señalan desde CpM.
El marco normativo estatal aprobado en 2025 para la reubicación de menores extranjeros no acompañados reconoce expresamente la singularidad de ciudades frontera como Melilla. Este reconocimiento obliga a trasladar las normas a una política local capaz de anticipar escenarios y gestionar la transición desde la lógica de emergencia hacia la de estabilidad institucional. CpM enfatiza que las autoridades locales deben cumplir con esta obligación y no limitarse a aplicar los cambios de manera improvisada.
Por todo ello, CpM solicita al Gobierno de la Ciudad que presente de manera urgente un plan específico para el futuro de la red de centros de menores. Este plan debe incluir una evaluación real de las necesidades asistenciales, un análisis riguroso del impacto laboral del nuevo escenario, criterios homogéneos aplicables a todos los centros y plena transparencia sobre el modelo de gestión y las condiciones de prestación del servicio. La formación política recalca que la planificación es esencial para evitar que Melilla pase de la sobrecarga a la incertidumbre.
Además, CpM insta a abrir un espacio de diálogo efectivo con los profesionales, representantes de los trabajadores y grupos políticos. La intención es afrontar la transición con el mayor consenso posible y garantizar que las decisiones se tomen con criterios claros y justos. En palabras de Emilio Guerra, portavoz de CpM, “Melilla no puede permitirse que la salida de la contingencia se convierta en un fracaso de gestión. No habría emergencia externa a la que culpar, y eso sería un error inaceptable”.
