La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla condenó esta semana a tres individuos como autores de un delito de riesgo en la conducción. Les han caído seis meses de cárcel y una multa de 1.440 euros. Los procesados reconocieron en el juicio, celebrado este miércoles, que circularon en distintos vehículos portando en total 3.900 litros de alcohol etílico. Una cuarta persona participó en estos hechos, aunque no se presentó a la vista.
Según recogía la Fiscalía en su escrito, los hechos tuvieron lugar sobre las 4:20 horas del 2 de marzo de 2015. Agentes de la Guardia Civil que prestaban sus servicios en el resguardo fiscal de la aduana de Beni Enzar observaron a cuatro coches circulando a gran velocidad, procedentes del casco urbano.
“Al darles el alto, comprueban que dichos coches iban cargados de alcohol etílico, sin desnaturalizar”, exponía la fiscal en su informe. Se distribuían en garrafas de 25 litros. Un vehículo portaba 600 litros; un segundo coche, 900. Otros dos circulaban con 1.200 litros en cada uno.
Además, uno de los automóviles tenía “troquelado” el número de identificación del mismo y carecía de documentación, según describía la fiscal en su escrito. “Los citados conductores y vehículos carecían de documentación correspondiente para el transporte de estas sustancias peligrosas”, sostenía.
El procesado que había manipulado el número de identificación del vehículo, además de ser condenado a seis meses de cárcel por un delito de riesgo, fue sentenciado a otro medio año en prisión por un delito de falsedad documental, además de pagar la correspondiente sanción de 1.080 euros.
Los procesados reconocieron su culpabilidad en el juicio para acordar una conformidad con el Ministerio Público, que modificó su calificación a seis meses de cárcel para dos de ellos y de un año para el tercero. No obstante, como ninguno tenía otros antecedentes penales y las penas no superan los dos años de prisión, la fiscal no se opuso a que se les suspendiese el ingreso en el centro penitenciario durante un plazo de dos años.
Si volvieran a delinquir en este tiempo, se les revocaría la suspensión. La jueza dictó sentencia.
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