La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala en su último informe que la reducción de vías de entrada desde el 13 de marzo acentuó la peligrosidad del trayecto migratorio de quienes intentaron acceder a las ciudades autónomas. La imposibilidad de hacerlo a través de las fronteras de Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) hizo que algunas personas optasen por tomar embarcaciones o intentar llegar a nado, en ocasiones con consecuencias fatales, aseguran. Exponen que aunque las cifras oficiales no se han difundido, a lo largo del año pasado los medios de comunicación informaron de varios naufragios y desapariciones en el mar, como por ejemplo la muerte de dos personas sirias en las proximidades de las islas Chafarinas en agosto o la aparición de los cuerpos sin vida de un varón marroquí y otro egipcio en las playas de Melilla en diciembre.
Libertad de movimiento
En este sentido y al margen de las medidas adoptadas por los correspondientes ministerios, desde CEAR subrayaron que continuaron defendiendo la libertad de circulación de las personas solicitantes de asilo, “que durante años se han visto confinadas en ambas ciudades autónomas a pesar de las numerosas sentencias judiciales que han reconocido tal derecho y, por tanto, la posibilidad de trasladarse a territorio peninsular. Sin embargo, como se explicó en sus anteriores informes anuales, ante esta arbitrariedad en no pocos casos llegaban a renunciar a la solicitud de protección internacional”. Explicaron que el año pasado en Ceuta se presentaron 133 recursos administrativos contra la inserción de la mención ‘válido solo en Ceuta’ en la documentación de las personas solicitantes de protección internacional y se tramitaron 77 recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó 37 sentencias favorables para las personas solicitantes. Asimismo, este Tribunal ordenó cautelarmente el traslado a territorio peninsular de 27 solicitantes de protección internacional en Ceuta mientras se sustanciaba el procedimiento judicial. Relataron que tras casi tres décadas de denuncias, finalmente el 29 de julio de 2020 el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de CEAR y reconoció el derecho fundamental de los solicitantes de asilo a la libre circulación por todo el territorio nacional. El contenido de este fallo fue confirmado posteriormente en otros tres procedimientos defendidos por esta organización. Sin embargo, el Ministerio del Interior no lo acató inmediatamente, afirmaron. Tanto es así que las noventa personas usuarias de CEAR que en diciembre todavía permanecían en el CETI llevaban más de un año de media y en el de Melilla la estancia media de todas las personas fue de casi ocho meses. En Ceuta solo se retomaron los traslados de solicitantes de asilo a partir de septiembre y además con la exigencia de unos requisitos no establecidos por el Tribunal Supremo, mientras que, en Melilla, al margen de las medidas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria, los traslados solo se normalizaron a partir de diciembre, afirmaron. Finalmente, el 12 de noviembre, en el marco de un procedimiento individual defendido por CEAR ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la secretaría jurídica del Ministerio del Interior impartió instrucciones a la Abogacía del Estado para que se allanase en todos los procedimientos judiciales pendientes, reconociendo los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo. Desde entonces la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dejó de insertar la leyenda ‘válido sólo en Ceuta/Melilla’ en la documentación de las personas solicitantes de asilo. Y el 30 de diciembre el Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria, se comprometió a garantizar el derecho a la libertad de circulación de las personas solicitantes de asilo en estas ciudades y adelantó que la Secretaría de Estado de Seguridad y la Subsecretaría del Ministerio del Interior preparaban una actuación conjunta para el cumplimiento de la sentencia. Aunque sigue sin cumplirse.
Cómo afecta a los colectivos vulnerables el ‘cerrojo’ a los pasos fronterizos
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subrayan que se desconoce cómo pudo afectar el cierre de fronteras a las personas más vulnerables, como por ejemplo mujeres, menores o personas LGBTIQ+ perseguidas, quienes, de no haber sido por esa medida, habrían podido tener la posibilidad de solicitar protección a través de una vía (más) segura, dada la permeabilidad de la frontera para las personas residentes en Nador y Tetuán. En este contexto, y también debido al mayor control fronterizo ejercido por Marruecos, el número de solicitudes disminuyó notablemente. En 2020, en Ceuta, 285 pidieron asilo, todas ellas en territorio, frente a las 579 del año anterior, y además cambiaron de manera sustancial las nacionalidades mayoritarias, que, según datos propios de CEAR, pasaron a ser Marruecos y Argelia. De hecho, a fines del año pasado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) solo acogía a dos personas subsaharianas. Expusieron que en el caso de Melilla, hubo un total de 1.412 personas solicitantes (respecto a las 4267 de 2019), de las que el 57% formalizaron su solicitud por el procedimiento de frontera, que en 2019 representó el 83%. El 43% procedía de Túnez, Egipto y Argelia y el resto de Marruecos, Siria, Mali, Yemen, Palestina y hasta 23 países más. Hubo 137 solicitantes de origen subsahariano. Recalcaron que, como en años anteriores, en Melilla la determinación del procedimiento de asilo (territorio o frontera) fue discrecional. Una muestra, apuntaron, de ello es que las 55 personas subsaharianas que entraron a través de la valla el 6 de abril formalizaron sus solicitudes por el procedimiento de frontera, mientras que a dos personas del mismo origen llegadas quince días antes por la misma vía se les había aplicado el de territorio. Durante las primeras semanas de 2020, hasta la declaración del estado de alarma, el procedimiento habitual fue el de frontera, como en años anteriores, y se inadmitieron a trámite casi una tercera parte de las solicitudes, que fueron objeto de reexamen. En este procedimiento acelerado suelen estar incluidas mujeres y menores de edad, así como personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ y otras con elevados grados de vulnerabilidad, a quienes en muchos casos la celeridad del procedimiento les impide estar suficientemente informadas o capacitadas para exponer sus motivos. En cuanto al procedimiento, destacaron que también que a partir de agosto la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta asumió las competencias en la tramitación de las solicitudes de protección internacional que tradicionalmente había ostentado la Oficina de Extranjeros, dependiente de la Delegación del Gobierno, y desde entonces las entrevistas se realizan en la oficina de asilo del puesto fronterizo de El Tarajal. Por otro lado, la pandemia afectó de forma directa a la gestión de los CETI, que fue ostensiblemente dispar a pesar de los numerosos llamamientos a descongestionar ambos centros. Debe recordarse que acogen a una población muy diversa, entre la que se encuentran personas en situación especialmente vulnerable (mujeres, familias con hijos menores, víctimas de trata, personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ o fieles de religiones minoritarias), para quienes la dilatación de su estancia y la incertidumbre respecto a su duración implica en muchos casos graves consecuencias personales. Así, desde Ceuta se trasladó a 145 personas a la península en los meses de marzo y abril con el fin de descongestionar un CETI que ya se encontraba por debajo de su máxima ocupación (la media en 2020 fue de 453 personas, la más baja en los últimos ocho años119), minimizándose el riesgo de contagio, señalaron. Por el contrario, en Melilla solo se realojó a 50 residentes del CETI con alto riesgo frente a la COVID-19 en un hotel, en el mes de mayo. Y en abril y mayo se trasladó a territorio peninsular a 50 y 119 personas respectivamente, a pesar de que al inicio del estado de alarma el centro se encontraba al 210% de su capacidad, con 1644 residentes. De hecho, su ocupación media anual fue de 1.470 personas, pese a que su capacidad oficial es de 782 plazas, una situación de hacinamiento que ya había causado que en los primeros días del año se denegase el ingreso a un grupo de más de 60 personas solicitantes de asilo de diversas nacionalidades (Palestina, Siria y Yemen, entre otras), decisión que se rectificó el 10 de enero.