-
Entidades locales aplauden que el Congreso permita a menores de 16 años cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil
La diputada del PP en las Cortes Generales por Melilla, María del Carmen Dueñas, rechazó una proposición de ley del PSOE para que los menores transexuales de 16 y 17 años puedan cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil sin autorización de los padres. Según Dueñas, su grupo no puede apoyar la proposición “tal y como está planteada” porque no garantiza la seguridad jurídica de los menores de edad transexuales. De acuerdo con esta diputada, son los padres quienes tienen la patria potestad del menor, a menos que esté emancipado, y, por tanto, son los progenitores quienes deben autorizar dicho cambio de identidad. La popular reiteró que estas condiciones para la rectificación registral que plantea su partido se esgrimen atendiendo el interés superior del menor contemplado en la Convención de los Derechos del Niño.
La proposición de ley salió ayer adelante en el Congreso con 200 votos a favor y 128 en contra (todo el grupo del Partido Popular, un diputado de UPN y Foro Asturias) y su tramitación ya está en marcha, algo que entidades melillenses en defensa del colectivo transexual y LGTBI aplauden. La Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Amlega) y Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Melilla, han mostrado todo su apoyo para que la reforma salga adelante.
Apoyo de la reforma
El delegado de Chrysallis, Fidel Martínez, aseguró ayer a El Faro que la aprobación de la reforma es la noticia que estaban esperando. Por otro lado, no respaldan la posición del PP, ya que desde Chrysallis consideran que los menores de 16 y 17 años son lo suficientemente conscientes de su situación para tomar las decisiones que mejor se adecuen a sus intereses. Martínez también señaló que hay muchos padres que niegan a menores de estas edades dicho cambio, algo que repercute negativamente en ellos al “sentirse rechazados por su identidad”. Por ello, el delegado de esta asociación reiteró el apoyo de la reforma en defensa del interés superior del menor.
Por su parte, el presidente de Amlega, Rafael Robles, aseguró que esta reforma es un “gran avance” en lo que consideró una “asignatura pendiente” para atender correctamente a los menores transexuales y defender así sus intereses. Robles cree que a partir de determinada edad, como lo son los 16 años fijados en esta proposición, el menor está capacitado para tomar sus propias decisiones, especialmente en un ámbito tan personal como lo es el de su identidad. Por ello, Amlega tampoco apoya las consideraciones de Dueñas y defiende que los menores de 16 y 17 años puedan decidir ellos mismos su cambio de sexo e identidad en el Registro Civil sin autorización de sus padres. Así, respaldan que los menores por debajo de esas edades sí que requieran ese permiso.
Desde Chrysallis y Amlega recuerdan que el cambio en el Registro Civil del sexo y el nombre de los menores transexuales les evitará problemas de identidad a nivel personal, pero sobre todo legal. Un ejemplo de ello es que podrán aparecer con su nombre y sexo sentido en las listas de los centros educativos.
-
“Con esta reforma nadie podrá negar quién eres”
Javier Martínez es un melillense de 19 años que vivió en primera persona la discriminación por ser transexual. Este joven se muestra muy contento con esta proposición de ley y asegura que “con esta reforma nadie podrá negar quién eres”. Javier se sintió acosado el año pasado por un profesor de su instituto, que no aceptó su transexualidad y siguió llamándole por su nombre femenino, Beatriz, a pesar de que los compañeros de Javier y los demás profesores aceptaron la identidad del joven en cuanto hizo pública su transexualidad.
Este profesor se negó a llamarlo por el nombre masculino porque en el listado oficial del centro educativo no constaba como tal. A pesar de que Javier se reunió con la dirección del instituto para cambiarlo, no pudo hacerlo porque la legislación todavía vigente, le pide la modificación del DNI y dos años de tratamiento hormonal avalado por un informe médico; requisitos que desaparecerán si se aprueba finalmente esta proposición de ley.
