La Policía Nacional ha detectado un aumento significativo en los delitos relacionados con la falsificación documental en los procesos de obtención de autorizaciones de residencia, trabajo e incluso de nacionalidad española en Melilla. Según informó este martes la Jefatura Superior de Policía, en el primer trimestre de 2025 se han registrado 77 personas detenidas o en calidad de investigadas por su implicación en este tipo de prácticas fraudulentas.
El fenómeno no es nuevo, pero ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Desde 2021 hasta finales de 2024, la Policía ejecutó un total de 101 operaciones vinculadas a la lucha contra la inmigración irregular mediante la falsedad documental, con un balance de 429 personas detenidas o investigadas. Sin embargo, las técnicas empleadas por las redes criminales han evolucionado: se ha producido un descenso en los delitos clásicos como la falsificación de pasaportes o la usurpación de identidad para cruzar fronteras y ha emergido con fuerza un patrón más sofisticado y difícil de detectar, basado en la manipulación de trámites administrativos.
Este nuevo modus operandi consiste en introducir documentos falsificados o información manipulada en los expedientes de solicitud de residencia o nacionalidad, aprovechando resquicios legales, documentación simulada o certificaciones obtenidas de forma irregular. Según apunta la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF), esta tipología delictiva requiere conocimientos avanzados en la normativa de extranjería y del funcionamiento administrativo del sistema, lo que ha abierto la puerta a la participación directa o indirecta de personas con formación específica en Derecho o gestión administrativa.
“Esta forma de criminalidad ha ganado terreno al amparo de una mayor presión policial en los puntos de entrada irregulares y una frontera mejor controlada”, indica el comunicado policial. Entre los factores que explican este cambio se encuentran la instalación de nuevos sistemas automatizados de inspección en Beni Enzar, la suspensión temporal de la exención de visado para los ciudadanos marroquíes de la provincia de Nador y la vigilancia intensificada sobre las rutas marítimas de entrada ilegal a Melilla.
A esto se suma la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la libertad de movimiento desde Melilla hacia la península para los solicitantes de Protección Internacional, un hito judicial que ha impactado en las estrategias de las redes dedicadas a la inmigración irregular, provocando su adaptación al nuevo escenario normativo y operativo.
La lucha contra este fenómeno se coordina desde la UCRIF, dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, cuyos agentes cuentan con formación específica para detectar este tipo de fraudes complejos. La Policía también destaca la colaboración fluida y eficaz con la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno, que permite detectar irregularidades, compartir información y aportar pruebas en los procedimientos judiciales en curso.
Este tipo de prácticas delictivas no solo suponen una amenaza para la integridad del sistema migratorio, sino que generan una economía paralela donde se intercambian grandes sumas de dinero a cambio de asesoramiento fraudulento. En algunos casos, según la Policía, han intervenido profesionales colegiados en calidad de presuntos cooperadores; en otros, los implicados ofrecían servicios de gestoría o asesoría sin ningún tipo de acreditación oficial.
Casos como el ocurrido el pasado marzo, cuando una mujer fue arrestada por falsedad documental y su abogado quedó investigado por su presunta participación en la trama, confirman la preocupación existente. Como informó El Faro de Melilla, se trataba de un intento de regularización con documentos que no se ajustaban a la legalidad vigente.
Desde la Jefatura Superior de Policía se insiste en que la respuesta a este fenómeno debe ser proporcional a su complejidad, y por ello se trabaja en mejorar la capacitación y especialización de los agentes. La lucha contra la inmigración irregular no pasa únicamente por la vigilancia de fronteras, sino también por garantizar que los procesos administrativos sean seguros, transparentes y libres de manipulaciones.
Con el primer trimestre del año cerrado, y 77 nuevos casos detectados, las autoridades alertan de que esta modalidad delictiva sigue en expansión, y continuará siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad en los próximos meses.
