El Partido Popular ha acusado al PSOE de vetar en el Congreso una enmienda clave que pretendía garantizar la financiación de las bonificaciones del 75% en el transporte aéreo para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La propuesta, impulsada por el PP en el Senado y aprobada por amplia mayoría en la Cámara Alta, fue eliminada del texto legislativo tras ser vetada por el Gobierno y aceptado dicho veto por la Mesa del Congreso.
La enmienda formaba parte del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, e incluía una partida específica de 1.200 millones de euros para asegurar el pago de estas bonificaciones. Según el PP, los presupuestos actualmente en vigor, correspondientes al ejercicio 2023, han quedado obsoletos y la dotación prevista es insuficiente para cubrir los costes reales de las bonificaciones, lo que ya ha provocado impagos en 2024 y pone en riesgo los correspondientes al año 2025.
Desde el Grupo Parlamentario Popular denuncian que el rechazo de esta enmienda representa un nuevo conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado, y acusan al Ejecutivo de actuar con desprecio hacia el papel constitucional de la Cámara Alta. La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, ha registrado un requerimiento formal dirigido tanto al Congreso como al Gobierno para que rectifiquen esta decisión. El documento será sometido a votación en el próximo pleno del Senado.
“Estamos ante un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado, que han votado libremente los ciudadanos en las urnas”, advirtió Alicia García, quien responsabilizó directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de “amputar la labor del Senado”.
La dirigente popular también recordó que esta no es la primera vez que se produce una situación similar. El Gobierno ya vetó anteriormente enmiendas introducidas por el Senado en la Ley de la Cadena Alimentaria. En ambos casos, sostiene el PP, se ha vulnerado el procedimiento legislativo al impedir que una Cámara que representa a los territorios del Estado ejerza su función constitucional con plenas garantías.
Ante estos antecedentes, García afirmó que su grupo no se quedará de brazos cruzados y que utilizará todos los instrumentos políticos, parlamentarios y judiciales a su alcance. “No vamos a permitir ningún ataque a los derechos de los españoles ni a las competencias legislativas del Senado. Recurriremos al Constitucional para defenderlos”, anunció la portavoz.
Este nuevo enfrentamiento se enmarca en una creciente tensión institucional entre el PP y el Gobierno, que ya ha llevado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el bloqueo del Congreso a iniciativas legislativas de su grupo. En ese caso, el PP también denunció que la mayoría del PSOE y sus socios en la Mesa del Congreso estaban impidiendo el normal desarrollo del trabajo legislativo, actuando como un “tapón político” para frenar propuestas del principal partido de la oposición.
Desde Melilla, la noticia ha causado malestar entre dirigentes del PP local, que consideran que el veto del PSOE pone en riesgo un derecho fundamental de los melillenses y de los residentes en los territorios extrapeninsulares. Las bonificaciones al transporte aéreo constituyen una medida esencial para garantizar la conectividad, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. En territorios como Melilla, donde el transporte aéreo es muchas veces la única vía rápida de conexión con la península, este tipo de ayudas no solo tienen un valor económico, sino también social y estratégico.
Además, diversas compañías aéreas, asociaciones sectoriales y patronales ya han advertido del riesgo de que en 2025 se repita la situación de impagos registrada el año anterior, debido a la insuficiencia presupuestaria. El PP sostiene que su enmienda no solo buscaba prevenir esos impagos, sino dotar de seguridad jurídica a un derecho que afecta directamente al día a día de miles de ciudadanos.
La formación conservadora insiste en que no se trata de una cuestión ideológica, sino de responsabilidad institucional. “Melilla no puede ser moneda de cambio ni víctima de vetos políticos”, señalan desde el partido, que exigirá explicaciones al Ejecutivo y seguirá defendiendo esta medida en todos los frentes institucionales.
