Aprobado el decreto para comenzar el reparto de menores migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto que activa el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La medida supone el último paso normativo para aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria, previsto en la reforma de la Ley de Extranjería y exigido por regiones como Canarias, debido a la saturación de sus centros de acogida.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que se trata de un “paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”, y ha recordado que los menores que llegan solos al país tienen derecho a una acogida “digna, solidaria y humanitaria” por parte de todas las administraciones públicas.

El decreto establece un criterio objetivo para calcular la capacidad ordinaria de acogida en cada comunidad: 32 menores por cada 100.000 habitantes. Las regiones que superen tres veces ese umbral podrán solicitar al Gobierno que declare la “situación de contingencia migratoria”. A partir de entonces, los menores que hayan llegado recientemente podrán ser trasladados a comunidades con menos carga asistencial.

Según los datos recopilados por el Ejecutivo, la mayoría de comunidades acogen actualmente a menos menores de lo que les correspondería según el nuevo ratio. Andalucía, por ejemplo, tiene 1.372 menores menos de los que le tocaría; la Comunidad Valenciana, 1.216, y Galicia, 620.

El plan incluye un calendario de derivaciones: en el plazo de un año se trasladará a unos 3.000 menores desde zonas especialmente tensionadas como Canarias o Ceuta. A partir de septiembre, cualquier menor no acompañado que llegue a estas regiones deberá ser derivado en un máximo de 15 días.

El cálculo para repartir a los menores se basará también en otros factores además del ratio poblacional. Por ejemplo, se tendrá en cuenta la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo de acogida, el grado de dispersión territorial y si se trata de una comunidad insular o frontera.

Las regiones que más jóvenes acogerán serán Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). También figuran Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Región de Murcia (133), Navarra (118) e Islas Baleares (49). País Vasco y Cataluña quedarían exentas por su esfuerzo anterior, aunque esta última ha anunciado su disposición a acoger a 31 menores, como ya hizo en otras campañas de acogida.

Rechazo frontal

El plan ha provocado un fuerte rechazo por parte de varias comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Diez de ellas, junto a la socialista Castilla-La Mancha, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha confirmado que acudirá al Tribunal Supremo, y Baleares también ha anunciado su intención de recurrir el decreto y pedir su suspensión cautelar.

Desde el Gobierno madrileño, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha acusado al Ejecutivo central de “ocultar información” sobre los criterios de reparto y de tomar decisiones de forma unilateral. “Solo porque al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa”, declaró.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, también ha criticado la falta de coordinación y ha advertido de que todos los recursos de la región “están sobresaturados”, dificultando una atención adecuada a los menores. Ha lamentado que se enteran por los medios de decisiones que deberían tratarse “de forma seria en despachos institucionales”.

Navarra, en cambio, ha confirmado su colaboración pese a que también está tensionada, y ha achacado la puesta en marcha del sistema obligatorio a la negativa de muchas comunidades a participar de manera voluntaria en la acogida.

El Gobierno central ha destinado una partida de 100 millones de euros para sufragar los costes de los traslados y los tres primeros meses de acogida en los nuevos destinos. La próxima semana está prevista una reunión interministerial para coordinar los primeros desplazamientos de menores.