Hace doce días, el pasado 24 de enero, un piloto de Air Nostrum voló de Melilla a Madrid con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. La compañía Air Nostrum, al constatar que su empleado había bebido, le impidió volver a subirse a un avión y cinco días después, lo despidió. Además, anunció que se personará en la causa judicial contra el piloto. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna desgracia, pero los pasajeros corrieron un riesgo innecesario.
El suceso ha evidenciado un fallo en la seguridad de los viajes aéreos fácilmente solucionable. En este sentido, el líder de CpM, Mustafa Aberchán, se preguntó hace unos días por qué se puso a los mandos del avión un piloto con síntomas de haber consumido alcohol. ¿Por qué no se evitó que despegara de Melilla? Y, sobre todo, ¿por qué no se somete a toda la tripulación, especialmente al piloto y copiloto, a una prueba obligatoria de alcoholemia? La propuesta del principal líder de la oposición, Mustafa Aberchán, es tan lógica como necesaria y fácil de llevar a la práctica. Basta con hacer llegar la propuesta al Congreso de los Diputados y presentar un proyecto de ley que, muy probablemente, cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos políticos.
Si no se lleva cabo después del último suceso y de los dos graves accidentes aéreos registrados en Melilla, nuestros representantes en las Cortes tendrán muy pocos argumentos para esquivar su responsabilidad si llega a producirse una tragedia y se descubre que el piloto o copiloto estaban bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra sustancia que altere su percepción o reflejos.
Si hay algún asunto en el que los partidos políticos de nuestra ciudad deberían estar unidos, éste, sin duda, es uno de ellos. Es un asunto en el que, quizá, ninguno había caído en la cuenta hasta ahora y que todos han tenido ocasión de solucionar ya que tanto PP, como PSOE, CpM (a través de diputado Llamazares) o PPL (cuyo líder presidió la Ciudad en el pasado bajo las siglas del PP) pudieron hacer llegar su propuesta legislativa a las Cortes.
Por lo tanto, visto el supuesto agujero en la seguridad del transporte aéreo, cualquier retraso para solucionarlo será imperdonable, sobre todo si en el tiempo de la tramitación de la propuesta llega a producirse alguna desgracia.
Si cualquier conductor está obligado a someterse a una prueba de alcoholemia para garantizar su propia seguridad y la del resto de los usuarios de la carretera, resulta imposible de justificar que un piloto de avión no tenga que superar los mismo controles o incluso mayores para reducir la posibilidad de que ocurra una tragedia cuando se ponga a los mandos de su nave.