La Policía Nacional en Melilla merece la felicitación de todos los melillenses después del importante golpe que ha asestado al narcotráfico tras haberse incautado de 13 kilos de cocaína de gran pureza, lo que hubiera supuesto poner en el mercado negro nada menos que 140.000 dosis y conseguir ingresos ilícitos por importe de 3 millones de euros. Sin duda, se trata de una magnífica intervención después de meses de investigación hasta conseguir detener a los dos cabecillas de la operación ilegal, que se dedicaban a traer la droga desde Málaga; no en vano, uno de ellos es un transportista habitual por nuestra ciudad.
Hay que reconocer el trabajo de estos funcionarios policiales, que desempeñan su tarea muy a pesar de las carencias que acumula el cuerpo en esta ciudad, donde ni siquiera disponen de instalaciones idóneas para el desarrollo de sus funciones diarias. Necesitan disponer de una nueva Jefatura Superior, de un edificio acorde con las nuevas exigencias que impone la ampliación de departamentos y un mayor número de policías para velar por la seguridad de los melillenses.
Hace años que los representantes sindicales de la Policía Nacional vienen demandando la construcción de un edificio que realmente reúna todos los requisitos que permitan el mejor desenvolvimiento de sus labores. La Jefatura Superior actual se ha quedado pequeña y las dependencias ya no sirven para dar respuesta a las características de lo que debe ser una policía moderna y bien dotada de medios materiales.
Nuestros policías deberían tener una mayor consideración por parte de los poderes públicos. Por ejemplo, es imperioso que se les considere como profesión de riesgo, que se les equipare salarialmente a los cuerpos autonómicos y que puedan alcanzar una jubilación digna, reivindicaciones que comparten, además, con la Guardia Civil sin que aún hayan alcanzado los objetivos que se proponen y que gran parte de los españoles apoyarían sin dudarlo.
El último agravio y por el que hoy se concentrarán en señal de protesta ante la Delegación del Gobierno es que el Ejecutivo de España pretenda que los Mossos catalanes queden situados dentro del concepto de fuerzas de seguridad del Estado. Se movilizan porque no están de acuerdo con esa afirmación del presidente Sánchez y porque en modo alguno comparten que Cataluña tenga las competencias sobre la gestión de la inmigración, una materia que les corresponde a ellos y a la Guardia Civil en exclusiva y cuya constitucionalidad sigue estando en entredicho.
