Un estudio del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada (UGR) concluye que las trabajadoras transfronterizas marroquíes que cruzaban cada día a Melilla para emplearse en el sector del hogar y los cuidados quedaron atrapadas en una situación de inmovilidad forzada tras el cierre de la frontera hispano-marroquí. Ese cierre se decretó el 13 de marzo de 2020 para frenar la covid. La investigación, publicada recientemente en la revista Mobilities, sostiene que sus decisiones rara vez fueron individuales y respondieron a estrategias familiares para asegurar el sustento del hogar.
El trabajo, de las sociólogas Lucía Granda, Rita Sobczyk y Rosa María Soriano Miras, se basa en más de tres años de trabajo etnográfico y en decenas de entrevistas en profundidad a empleadas del hogar que se quedaron atrapadas en las dos ciudades autónomas.
Antes de marzo de 2020, miles de residentes en las provincias marroquíes cercanas cruzaban con regularidad a Ceuta y Melilla para trabajar. Muchas eran mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados, un sector esencial para la vida cotidiana de las ciudades, pero poco visible y desarrollado mayoritariamente en la economía sumergida. Con el cierre, las que se encontraban en los enclaves pasaron a estar en situación irregular y expuestas a una posible deportación.
Únicas proveedoras del hogar
Según el estudio, la prioridad fue garantizar la supervivencia económica de la familia, en un contexto de destrucción de empleo en las regiones marroquíes vecinas por la transformación del régimen fronterizo. Algunas de estas mujeres se convirtieron en las únicas proveedoras de sus hogares y asumieron largos periodos de separación, mientras sus familias reorganizaban los cuidados. Al mismo tiempo, siguieron buscando vías legales para recuperar la movilidad, como un contrato transfronterizo o el arraigo.
El estudio recoge también el coste personal. Algunas entrevistadas se despidieron de sus hijos una mañana antes de ir a trabajar sin imaginar que tardarían años en volver a verlos. Otras no pudieron acompañar a familiares con enfermedades graves ni despedirse de ellos antes de su fallecimiento. Todo ello mientras seguían cuidando de menores, mayores y hogares al otro lado de la frontera.
La irregularidad administrativa agravó además la precariedad laboral de un colectivo ya vulnerable, que incluso tuvo problemas para acceder a una vivienda.
Reapertura sin normalidad
La reapertura, retrasada más de dos años por las tensas relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, no devolvió la situación anterior. Las nuevas condiciones de cruce fueron mucho más restrictivas y, según el estudio, en la práctica la frontera siguió cerrada. En Melilla, de los cuatro pasos existentes, solo el de Beni Enzar volvió a abrirse en 2022, mientras que el de Farhana continúa cerrado.
Como en otras fronteras del mundo, "la pandemia actuó como un punto de inflexión que facilitó la introducción de medidas de control más restrictivas, difíciles de implementar en la situación previa a 2020", señalan las autoras, que recuerdan que otros expertos lo interpretan como la llamada "doctrina del shock".
El trabajo se enmarca en la línea del grupo "Problemas Sociales" SEJ 129 de la UGR sobre las consecuencias sociales de las políticas migratorias y el endurecimiento de las fronteras en Europa. Sus autoras concluyen que detrás de las estadísticas migratorias hay personas y familias cuyos proyectos vitales pueden cambiar por completo con una sola decisión política.
En octubre de 2022, El Faro de Melilla informó de que el Plan Estratégico Integral del Gobierno central contemplaba estudiar para 2023 el reconocimiento de la protección por desempleo a las trabajadoras transfronterizas, en especial a las empleadas de hogar. El sindicato UGT criticó entonces que la medida se limitara a ese colectivo y reclamó un convenio de reciprocidad con Marruecos.
