En el año 1995, recién aprobado el Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, una periodista preguntó al entonces ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, cuál era el encaje constitucional de esos regímenes jurídicos por cuanto que quedaban en un limbo al no encuadrarse ni como comunidad autónoma, ni como provincia, ni como municipio, que es lo que establece la Constitución española de 1978 en su artículo 137 respecto de la organización territorial del Estado. Saavedra no quiso entrar en semejante disquisición, tal vez porque la pregunta la formulaba la representante de un medio local y se limitó a señalar que "eso queda para los estudiosos" en la materia.
Y así va a ser esta mañana, a partir de las 09.30 horas, cuando el análisis se ponga sobre la mesa del Foro Justicia ICAM en Madrid, en el que estarán dos representantes de Melilla: el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, y el decano del Colegio de Abogados melillense, Blas Jesús Imbroda. Junto a ellos estarán el director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alfonso Conejo, el diplomático español y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, y el decano del propio ICAM, Eugenio Ribón.
Se trata, sin duda, de un asunto de gran importancia para el futuro de las dos ciudades autónomas, llamadas así por costumbre, pero no porque la nomenclatura aparezca reflejada en sus respectivos estatutos de autonomía, una norma que recoge el régimen jurídico-político imperante desde hace 31 años sin modificaciones que lo acerquen mínimamente a lo que debería ser una comunidad en plano de igualdad al resto de España.
A lo largo de este tiempo, no solo no se han dado pasos en positivo o que permitan albergar esperanzas de una asimilación real sino que, por el contrario, se ha retrocedido en su capacidad de autogobierno a través de acuerdos políticos en Madrid, como el establecido entre el PSOE y el PP tras la victoria del GIL en las elecciones de 1999 para acortar las competencias en materia urbanística, o por sentencias judiciales firmes que hacen, aquí otro ejemplo, que nadie que no tenga el acta de diputado pueda formar parte del Consejo de Gobierno.
Cuando el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2023 en Melilla, el presidente Imbroda abogó claramente por una reforma estatutaria que ensanchara competencias y se fuera asemejando a las comunidades autónomas reales de España. Tres años después, sigue pendiente el estudio sobre cómo deberían ser las modificaciones que se proponen después de 30 años de gestión, que han puesto negro sobre blanco que aquel estatuto ya no sirve a los intereses de la sociedad tras décadas de aplicación.
