La portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda criticó durante su visita a Melilla “la falta de voluntad” del Gobierno local para poner terrenos a disposición del Estado.
La portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, Ana Álvarez, aseguró ayer ante los medios de comunicación que la Ciudad Autónoma es “la gran culpable” de que el convenio para la construcción de 600 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la Melilla esté paralizado, pues señaló que si todavía no se ha hecho efectivo “es por dejadez o por falta de capacidad” del Ejecutivo autonómico.
Así lo indicó la socialista en una visita que realizó ayer a la ciudad “para conocer de primera mano sus problemas y necesidades” en lo que a Vivienda se refiere, pues garantizó que para la Administración del Estado es una prioridad la rápida creación de VPO, una iniciativa que hasta el momento se ha visto frustrada “por la oposición del Gobierno local”.
Por tanto, conminó al Ejecutivo de Juan José Imbroda a dejar los enfrentamientos políticos a un lado y a tenderle la mano al Gobierno central “por el bien de los ciudadanos”, ya que además de crear 600 nuevas viviendas, se potenciaría la creación de puestos de trabajo.
Como muestra de que el Ministerio considera que su buena voluntad no está obteniendo respuesta por parte de la Administración melillense, recordó el acuerdo suscrito con la Sociedad Pública de Alquiler en 2008, el programa de Renta Básica de Emancipación para 400 jóvenes melillenses o la implantación de oficinas de ventanilla única; pactos a los que llegaron ambas administraciones y sobre los cuales “no ha trascendido ningún dato sobre su puesta en funcionamiento”.
También lamentó que la Ciudad Autónoma “no haya sido capaz” de liberar terrenos para hacer efectivo el convenio firmado con el Ministerio de Vivienda para la creación de 600 VPO, y por el cual el Gobierno central invertiría 48 millones de euros, los cuales “siguen encima de la mesa, porque no se la han facilitado parcelas a la Entidad Estatal del Suelos (SEPES) para construir”.
“Un cambio de actitud por parte del Gobierno local para poner en marcha este acuerdo sería beneficioso para empresarios, desempleados y ciudadanos que tienen dificultades para acceder a una vivienda”, apostilló Álvarez. Como ejemplo, el caso del acuartelamiento de Gabriel de Morales, donde el Ministerio planea la construcción de 300 viviendas, aunque por el momento sólo prevé la de 60, al no estar el resto de los terrenos recalificados.
Al hilo de sus manifestaciones sobre estas 60 viviendas, recordó que el concurso de ideas celebrado por el SEPES estuvo motivado por el interés en mejorar el aspecto urbanístico de Melilla, y a la convicción del Gobierno de que “hay que crear barrios en los que la gente quiera vivir, no guetos”. Además, señaló que el proyecto se encuentra en un estado muy avanzado, y que su ejecución “favorecerá incluso al turismo”.
También celebró que con las tareas de construcción se vayan a crear unos 270 puestos de trabajo. “Melilla tiene que seguir creciendo, pero en base a un modelo sostenible”, añadió, “por ello, el Gobierno central pone todo su esfuerzo en que estas nuevas viviendas tengan la máxima calidad posible”.
Rehabilitación de viviendas
Para poner punto y final a su intervención, la socialista hizo referencia al acuerdo para la rehabilitación de 260 viviendas en Melilla, el cual aseguró que también está bloqueado porque es necesaria la colaboración del Ejecutivo local para determinar que inmuebles se beneficiarían de este programa.
Por tanto, no le quedó más que reiterar sus demandas a la Administración que preside Juan José Imbroda para que ayude en la misma medida que lo hace el Ministerio. “Queremos colaborar, pero para ello necesitamos que la Ciudad Autónoma también se esfuerce”, concluyó.
