La procesada llevaba 136 bellotas envueltas en papel de regalo. La defensa de los otros dos acusados pidieron su absolución.
La acusada de un delito contra la salud pública, de iniciales E.P.H., no se presentó al juicio, pero éste se celebró y su abogado defensor llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptó una pena de un año y tres meses de prisión y una multa de 1.000 euros. En el banquillo sí se sentaron dos varones, acusados del mismo delito, pero sus abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes a la vista de la aceptación de los hechos de la procesada.
Los agentes de Policía Nacional que intervinieron en la detención explicaron al juez de lo Penal número 2 que el 21 de julio de 2011 estaban en las instalaciones de la Estación Marítima, cuando su superior directo les dio la descripción de un sospechoso que podría intentar embarcar con droga.
Uno de los agentes, que declaró ayer, recordó que identificaron a la acusada y comenzaron a seguirla. En las inmediaciones de la terminal de embarque se encontró con dos personas y volvió a la Estación Marítima con una maleta con intención de embarcar.
Investigación policial
Fue entonces cuando interceptaron a la sospechosa y descubrieron que en el interior de la maleta había una caja envuelta en papel de regalo. En su interior, los agentes hallaron un total de 136 bellotas de hachís y dos tabletas de droga, por lo que detuvieron a la acusada y a una de las personas con las que había contactado en las inmediaciones de la terminal portuaria.
Días después de la detención, la Policía Nacional informó a los medios de comunicación de la operación realizada. Era el final de una investigación llevada a cabo por agentes de la UDYCO de la Brigada de Policía Judicial sobre el envío de hachís a la península a través del enlace marítimo entre Melilla y Almería. Los agentes llevaban tiempo siguiendo la pista a varios traficantes y consumidores conocidos por la Policía Nacional, según informó la Jefatura.
Así pues, la acusada E.P.H. aceptó el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal por un delito contra la salud pública de una pena de un año y tres meses de prisión y una multa de 1.000 euros.
