Ambas empresas tienen o estuvieron relacionadas con la Ciudad. En el auto, la juez Alcázar autoriza la recogida de documentos y el volcado de los servidores informáticos y copia de los correos electrónicos.
Además de las seis consejerías de la Ciudad, tres domicilios particulares y dos empresas melillenses relacionadas con la Administración, las sedes de Eulen e Hispanagua en Madrid fueron registradas en la jornada del miércoles por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la tercera fase de la ‘Operación Ópera’. Estas intervenciones están incluidas en el auto de registro que autorizó la juez Mª José Alcázar, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, que dirige esta investigación sobre posibles irregularidades en la contratación pública de la Ciudad Autónoma. En la sede madrileña de Hispanagua, la juez Alcázar autorizó el registro de todas las dependencias utilizadas como almacén o archivo. En la de Eulen, además, autorizó el volcado de los servidores informáticos de la empresa, incluso el contenido de los correos electrónicos relacionados con la investigación, según el auto al que ha tenido acceso El Faro.
En él se relacionan las dependencias a las que la Guardia Civil había pedido permiso para registrar, sin entrar en detalles de qué documentos había que buscar, tal y como adelantó El Faro en su edición de ayer. Únicamente se justifica la intervención para buscar documentos o cualquier otra evidencia que permita la averiguación y descubrimiento de los delitos investigados en la ‘Operación Ópera’: Malversación, fraude, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
Paralización
Igualmente, este diario destacó del amplio despliegue de la UCO de la Guardia Civil de Madrid la intervención de los ordenadores de las consejerías registradas, que provocó un ‘apagón tecnológico’ en la Administración local, afectando a los servicios de atención al ciudadano, registro general y recaudación. De hecho, en el auto se autoriza el volcado de los servidores informáticos de la Ciudad, por lo que los agentes de la UCO y la Policía Judicial fueron a las dependencias del Centro de Procesamiento de Datos y ‘cortaron’ la red interna de la Administración local.
A consecuencia, los melillenses que acudieron el miércoles a pagar sus tributos a recaudación o a solicitar el certificado de empadronamiento en Atención al Ciudadano, no pudieran realizar el trámite. Además, el ‘abordaje’ informático también paralizó la autorización del pago de las nóminas de los empleados públicos, como también adelantó El Faro en su edición de ayer.
Más de doce horas de registros
En el auto, ya se preveía que la intervención y registro iba a prolongarse hasta la madrugada con el fin de obtener todas las pruebas en las Consejerías de Medio Ambiente, Cultura, Seguridad Ciudadana, Economía y Hacienda, Bienestar Social y la Viceconsejería de Festejos, así como las sedes de Himosa y Eulen en Melilla y los domicilios del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, su director general, José Pastor, y el empresario melillense, Abdelkader Kassem.
Cabe recordar que este empresario fue el primer detenido de la ‘Operación Ópera’, pues ésta se inició con la investigación de la actividad de su empresa Reformas y Construcciones El Porvenir S.L. de la que es el único administrador y cuyo único cliente es la Ciudad Autónoma. Fue detenido tras los registros realizados el 12 de septiembre y fue puesto en libertad más de un mes después.
Las otras viviendas registradas corresponden a dos de los detenidos en la segunda fase de la ‘Operación Ópera’ el pasado 18 de octubre, aunque fueron puestos en libertad el mismo día. Cabe recordar que junto a Pérez Calabuig y Pastor, también fueron arrestados el funcionario del área de Medio Ambiente, Luis Carlos López Rueda, y el interventor en funciones de la Ciudad, Francisco Platero.
El apagón informático: Los ‘e-mails’
En el auto judicial se autoriza el volcado de toda la información habida en los servidores informáticos de las áreas registradas, por lo que la juez Alcázar contempla la paralización del servicio “en caso de que sea necesario” para que los agentes de la UCO y la Policía Judicial de la Guardia Civil pudieran realizar su trabajo.
Pero además de la búsqueda de documentos en almacenes y archivos, el auto recoge el volcado de la información de los ordenadores incluyendo los correos electrónicos ‘e-mails’. Concretamente el auto refiere que “las diligencias de registro autorizadas comprenden también el volcado de los buzones de correo electrónico, corporativos o particulares, incluyendo todos los correos recibidos, enviados, borrados, en borrador o de otro tipo de los titulares de despachos, empresas, consejerías, viceconsejerías y domicilios”.
