Se ha creado un grupo de trabajo cuya misión será encajar los rechazos que se producen en las fronteras de Melilla y Ceuta con el derecho comunitario. El Ministerio del Interior ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de trabajar en fórmulas que proporcionen un marco legal a las denominadas ‘devoluciones en caliente’, una práctica que se sigue habitualmente para retornar de forma inmediata a Marruecos a los inmigrantes cuando llegan a España.
Fuentes oficiales aseguraron que este grupo de trabajo, integrado por especialistas de diversas áreas del Ministerio del Interior, todavía está en “fase embrionaria” y tiene como misión estudiar y trabajar en “fórmulas que encajen con el derecho comunitario para contemplar los rechazos en frontera”.
Estas ‘devoluciones en caliente’ no están recogidas en la normativa actual, pero existe un tratado con Marruecos que permite a España devolver a los inmigrantes que han entrado ilegalmente por la frontera marroquí, tal y como recordó el portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también se refirió a una futura reforma de la Ley de Extranjería y, tras admitir a preguntas de los periodistas en el Senado que esta modificación se está estudiando, aseguró que la actual norma “está pensada para unos supuestos que en Melilla y Ceuta no se dan”.
Fernández Díaz recordó que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encomienda a éstas el control de las fronteras, si bien defendió que “no es lo mismo controlar la frontera por los pasos habilitados al efecto como el aeropuerto de Barajas que hacerlo en las situaciones de Melilla y Ceuta”.
La ley, añadió, “debe contemplar una realidad tan singular como la que hay en las dos ciudades autónomas y en eso es en lo que estamos trabajando, en una posible reforma de la ley”.
Una modificación que, a juicio del ministro, debe compatibilizar los derechos de los inmigrantes con el de controlar las fronteras de forma legal.
“Eso es lo que estamos estudiando en este momento para que la Guardia Civil disponga de la normativa jurídica que les permita cumplir de forma eficaz con el mandato que las leyes le encomiendan de garantizar la impermeabilidad de nuestras fronteras”, concluyó Fernández Díaz.
La Ley de Extranjería, en vigor desde el año 2000, sufrió numerosas reformas, la última tuvo lugar en 2009, aunque el actual reglamento fue aprobado dos años después, en 2011.
Precisamente el artículo 23 del reglamento regula que los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones serán trasladados a comisaría para proceder a su devolución, si bien tendrán derecho a asistencia jurídica e intérprete.
