La asociación que los agrupa asegura que el ejecutivo no trata igual a las pymes que a las empresas del Ibex 35.
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos (AAEM) se ha quedado de piedra al ver que a la ministra de Fomento, Ana Pastor, le ha faltado tiempo para salir ‘volando’ hacia Panamá a resolver el conflicto abierto entre Sacyr y el Gobierno del país centroamericano el pasado 1 de enero. El conflicto se ha originado por los sobrecostes de 1.200 millones de euros en la construcción del Canal de Panamá que la empresa española no está dispuesta a asumir y que ponen en riesgo la continuidad de la obra.
El centenar de pequeñas y medianas empresas españolas que lo han perdido prácticamente todo en Marruecos, tras ser presuntamente extorsionadas por el grupo inmobiliario Addoha, participado en un 50% por el Gobierno marroquí, no han encontrado el mismo apoyo en el Ejecutivo español. Entre otras cosas porque Sacyr cuenta con un aval estatal de 160 millones de euros y las pymes se juegan el tipo en el Reino Aluí.
“Una vez más vemos que el tratamiento que da el Gobierno de España a las grandes empresas del Ibex 35 no tiene nada que ver con el que otorga a las pymes”, señaló ayer a El Faro Francisco de Arratia, presidente de la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos.
“Estamos sorprendidos de que empresas como Formarroc o Torreblanca consigan el amparo de la Unión Europea tras varios años de lucha contra la extorsión en Marruecos y que a día de hoy sigan sin arrancar un compromiso de mediación al Estado español”, añadió De Arratia.
En opinión del presidente de la Asociación de Extorsionados en Marruecos “Sacyr es una empresa totalmente privada y lo que tiene en Panamá es un problema contractual. Sin embargo la ministra de Fomento ha intervenido en el conflicto inmediatamente. Hay intereses en las empresas del Ibex 35 que no vemos en la pymes”, dijo.
Reunión con Industria
Francisco de Arratia recordó asimismo que mañana jueves un asesor del ministro de Industria, José Manuel Soria, se reunirá con representantes de la empresa catalana Formarroc, que ha denunciado ser víctima de la extorsión en Marruecos. Al encuentro no ha sido invitado el representante de la constructora sevillana Torreblanca, que ya fue recibido el pasado 20 de diciembre en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores por los mismos motivos.
“Esperemos que el asesor del ministro Soria esté al tanto de lo que nos ha ocurrido en Marruecos y no nos encontremos con un funcionario acabado de aterrizar en un ministerio, como ocurrió en la reunión de Asuntos Exteriores”, señaló De Arratia a El Faro.
Hay que recordar que el interlocutor que recibió al representante de la constructora Torreblanca “no tenía ni idea de lo que había pasado”, subraya.
De hecho, no quiso ‘mojarse’ cuando le preguntaron si el Estado español reconocía, tal y como había hecho Europa, que el Grupo Addoha está participado en un 50% por el Gobierno marroquí. “No voy a contestar esa pregunta”, se limitó a decir el funcionario.
Para los empresarios extorsionados en Marruecos es importante que se reconozca esta participación del Gobierno marroquí en el capital del Grupo Addoha, que presuntamente ha estafado a empresarios españoles en el país vecino, para que España pueda mediar, como Estado, en el conflicto que mantienen las pymes con las autoridades del Reino Alauí.
De la reunión de mañana en el Ministerio de Industria, los representantes de la empresa catalana Formarroc, extorsionada en Marruecos, quieren arrancar el compromiso de la celebración de una reunión hispano-marroquí de alto nivel en la que se aborden los problemas que han tenido los inversores españoles en el país vecino.
Para la AAEM este encuentro es importante porque el Ministerio de Industria es el que se ocupa de las consejerías económicas, por lo que consideran que la reunión será como mínimo “interesante”.
Pérdidas cercanas a los 100 millones en el país vecino
Empresarios españoles aseguran haber perdido inversiones en Marruecos que rondan los 100 millones de euros debido a “extorsiones” por parte de individuos e instituciones oficiales del país vecino y denuncian que el Gobierno español y la Casa Real, pese a estar al tanto de su situación, “no han hecho nada” al respecto.
Ahí está el caso de Crotalón que perdió los avales que entregó para poder realizar unas obras que finalmente se encargaron a la empresa marroquí, Socotraco. También está el ejemplo de la constructora sevillana Torreblanca, que vió cómo las viviendas públicas que estaban construyendo en Tánger les eran arrebatadas, al igual que el material, “cuando faltaba el 20% de la obra”, por la empresa marroquí Addoha, “sin orden judicial”. En esta ocasión, según Francisco de Arratia, el personal de la empresa fue “golpeado”.
