Una treintena de letrados, jueces y fiscales protestaron ayer en el aniversario de esta normativa.
Un nutrido grupo de abogados, jueces y fiscales de Melilla se concentraron ayer en la sede de los juzgados de la ciudad para protestar contra la Ley de Tasas Judiciales, que hace justo un año entró en vigor. La derogación de la norma sigue siendo la principal reivindicación de la plataforma judicial, formada por entidades representativas del colectivo judicial español, que Melilla secunda. El vicedecano del Colegio de Abogados de Melilla (Icame), Sebastián Alcalá, fue el encargado de dar lectura al manifiesto en el que se recalca que la Ley de Tasas Judiciales impide el acceso de los ciudadanos a la Administración de la Justicia.
“La Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia y una considerable brecha en el Estado de Derecho”, apuntó Alcalá.
El manifiesto también condena que tribunales y juzgados se hayan visto privados de conocer “cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos” al no poder costear las tasas para interponer una denuncia o recurrir un auto judicial. Por el contrario, el colectivo denuncia que esta ley ha favorecido “el abuso de las Administraciones Públicas” al estar éstas exentas del pago de las tasas.
Consideran además que el Ministerio de Justicia ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a la mejora de la asistencia jurídica gratuita y lo recaudado no llega a la previsión del Gobierno. De hecho, el colectivo judicial desconoce el destino del dinero de las tasas pues “ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia”.
Desde que se aprobara la Ley, la contestación social ha sido “unánime”, según el manifiesto. “Hay cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno andaluz, la Generalitat, el Grupo parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional”. Por ello, consideran que el Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta “ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de Derecho.
Un Pacto de Estado por la Justicia, más participativo
La plataforma judicial estatal y local dejaron patentes en su manifiesto que están dispuestos a dialogar con el Ministerio y el Gobierno central con el objetivo de llegar a un Pacto de Estado por la Justicia en el que se dé cabida y participación a todos los sectores, colectivos y entidades relacionadas con el ámbito de la Justicia.
“Reiteramos la más que nunca deseada mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de participación real y efectiva de profesionales representativos, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo”.
