Los buenos amigos tienen la virtud de llegar cuando más se los necesita y de despedirse cuándo saben que están de más. Siguiendo esta premisa, Ángel Fernández Espona debe de ser un gran profesional que ocupa el cargo de asesor jurídico de la Delegación del Gobierno por méritos propios, al margen de amistades y gracias a sus amplios conocimientos en asuntos de leyes. Sólo así se explica que no encuentre la puerta de salida de su despacho.
Este verano Fernández Espona ya protagonizó un incidente de tráfico cuando circulaba en un vehículo con un acompañante, también experto en asuntos legales. Esos hechos motivaron reiteradas declaraciones públicas de responsables políticos, reproches y cruces de acusaciones. Los ecos de aquella polémica se han venido escuchando hasta hace poco. Ahora es previsible que se reactive la ‘bronca política’. La controversia está prácticamente asegurada tanto si Fernández Espona se va antes de que lo echen, como si espera a que le muestren la salida, como si hace fuerte en su puesto de la Delegación del Gobierno o le animan a continuar con sus responsabilidades como asesor jurídico.
El debate político y público se centrará en decidir si un cargo de la Administración puede continuar en su puesto de trabajo después de haber cometido una grave infracción de tráfico, como es conducir bajo los efectos del alcohol.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. El caso más conocido fue el de Ignacio Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones, diputado nacional y, para más inri, vocal de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso. Embistió con su vehículo a un coche en Madrid (también un viernes por la noche, como Fernández Espona) y dio una tasa de 0,52 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el doble de lo permitido. Aquello se resolvió con una disculpa pública del parlamentario y su abandono de la citada comisión.
En aquel caso, el denunciado manifestó, a través de un breve comunicado emitido por el PP, que reconocía los hechos, que él mismo calificó como de “error humano”; dijo lamentarlos y asumió su culpa.
Por el contrario, ayer Fernández Espona manifestó a El Faro que no quería hablar de lo ocurrido y argumentó que se trataba de un “tema privado”. Quizás ése sea su deseo, pero es más que probable que ‘su tema privado’ centre en gran medida el debate político de la próxima semana y siguientes. De hecho, cuando aún no había una confirmación oficial de lo ocurrido, el secretario general de Juventudes Socialistas en Melilla, Sergio Martínez, ya estaba dando a Fernández Espona la oportunidad de marcharse. Alternativamente, si no presentaba su dimisión, reclamaba al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, que tomara cartas en el asunto.
Las ‘indisposiciones’ de los cargos públicos no son cuestiones privadas.
