La Policía les halló menos de 4 gramos de ambas sustancias, un arma de fuego, balanzas y tranquilizantes. La Fiscalía del Área de Melilla pide siete años de cárcel, una multa de 1.000 euros y la inhabilitación especial para ejercer el voto a dos melillenses acusados de vender y distribuir cocaína y heroína. A ambos se les imputan un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas.
Según consta en las diligencias previas a las que ha tenido acceso este periódico, la Policía tuvo conocimiento de que A.M.E.H. y T.M.E.H. “venían desarrollando una actividad consistente en el comercio y distribución de sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína y heroína”.
Por eso, añade, mediante un auto de fecha 9 de junio de 2010 se decreta la entrada y registro de una vivienda de la calle Álvarez de Castro de Melilla, donde residían los dos acusados.
Los agentes hallaron en la casa dos balanzas de precisión, una bolsita con sustancias de corte, otra con heroína, una con cuatro pastillas de trankimazín, una y media de tranxilium y otra con metadona. También encontraron unas tijeras y una bolsa con cortes circulares similares a los que se emplean para hacer papelinas.
La Policía también decomisó en el registro de la vivienda un cartucho y un arma de fuego fabricada a partir de una pistola detonadora, cuyo uso está prohibido.
Una vez analizadas las sustancias intervenidas los agentes concluyeron que en la casa de los acusados había 1,2 gramos de heroína con una pureza del 34,7%, valorados en el mercado ilícito en 82,39 euros. También se incautaron de 1,91 gramos de cocaína con una “riqueza media” del 56,1% y un valor en el mercado ilícito de 133,10 euros y 2,6 gramos de hachís con un grado de pureza del 21,1% y valorados en 12,17 euros.
Por todo esto el fiscal pide cinco años y tres meses de cárcel y 1.000 euros de multa a cada uno de los acusados por un el delito contra la salud pública.
Además, otros dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas judiciales por un delito de tenencia ilícita de armas.
Para el juicio oral se proponen que testifiquen siete policías y un testigo protegido, que no deberá ser identificado visualmente por los dos acusados.
