La Asociación de Afectados por la Extorsión fue denunciada por el Grupo Addoha. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha archivado la denuncia por injurias que el Grupo Addoha, participado en un 50% por el Estado marroquí, interpuso contra la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos. Así consta en el auto de archivo de la causa al que ha tenido acceso este periódico.
Douja Promotion Grouppe Addoha S.A. se querelló contra el presidente de la Asociación de Afectados, Francisco de Arratia, y contra Rodrigo Rodríguez, gerente de Torreblanca, una de las empresas presuntamente extorsionadas en Marruecos, por “manifestaciones y opiniones vertidas en tres medios de comunicación”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla considera que en la querella del Grupo Addoha “no aparece debidamente justificada la perpetración de delito o falta que deba perseguirse ante la jurisdicción penal, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, no constando que el querellante hiciese uso en su día del derecho de rectificación sobre aquellas informaciones que pudieran tildar de no veraces o que incurriesen en excesos verbales”.
En esencia, la denuncia considera como injurias declaraciones de Francisco de Arratia asegurando que empresarios españoles en Marruecos son víctimas de “una mafia tolerada” o que “están en la ruina por mafias de chaqueta y corbata”. Asimismo, culpa al Grupo Addoha de la supuesta trama de extorsión en Marruecos.
El auto del Juzgado de Sevilla (que se puede recurrir) asegura que “pese a lo desacertados o molestos que se puedan considerar determinados comentarios” eso no implica “la necesaria intervención del Derecho Penal”.
Para querellarse contra los empresarios españoles extorsionados en Marruecos, el Grupo Addoha contrató los servicios del letrado Ignacio Gordillo Alvarez-Valdés, ex fiscal de la Audiencia Nacional en tiempos del presidente José María Aznar.
Que interceda la UE
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos defiende que la Unión Europea interceda en su favor para evitar que las pequeñas y medianas empresas españolas, en su mayoría constructoras andaluzas y catalanas, continúen sufriendo robos o decomisos arbitrarios de maquinarias o que pierden dinero en dudosas operaciones o que no soean indemnizadas cuando les intervienen sus negocios. Y solicitan que lo haga la UE porque están convencidos de que el Gobierno español no tiene intención de mover un dedo para defender los intereses de empresas que no cotizan en el Ibex 35.
Tal y como ha publicado este periódico, Bruselas no está por la labor ya que no tiene constancia de que Marruecos esté detrás de las extorsiones, como aseguran los empresarios afectados.
Éstos se basan en el hecho de que el Estado marroquí participa een el 50% de las empresas que presuntamente están detrás de las extorsiones. Según los afectados, el Grupo Addoha es una de estas empresas.
