La polémica suscitada por la nueva ley provocó protestas por toda España, incluida Melilla. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha comprometido con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, al que recibió ayer, a que el este órgano participe junto con los ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas en una Comisión mixta que analice y evalúe el funcionamiento del sistema de justicia gratuita, su financiación y la vinculación con las tasas judiciales. Esa participación quedará recogida de forma expresa en la Ley de Justicia Gratuita, que se va a tramitar en el Parlamento.
Hay que recordar que la polémica Ley de Tasas Judiciales motivó que jueces, abogados y fiscales de todo el territorio nacional, incluyendo Melilla, convocaran una huelga el pasado 20 de febrero.
En la reunión celebrada ayer a petición del ministro de Justicia para entregar al presidente de la Abogacía el borrador del nuevo Código Penal Procesal y el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, Carlos Carnicer manifestó sus “profundas discrepancias” con la Ley de Tasas, así como su “insatisfacción” con la última reforma de la misma y su opinión de que las tasas “deben ser revisadas o sustituidas por un sistema que castigue la posible temeridad, mala fe o ignorancia incluso, del abogado, pero que nunca afecte al derecho de defensa ni a derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El ministro de Justicia y el presidente de la Abogacía retomaron el diálogo entre ambas instituciones y analizaron también otros asuntos, como la colegiación obligatoria de los abogados, la posible supresión de algunos Colegios y el examen de acceso a la Abogacía, que han sido objeto de debate tras la circulación de un borrador del anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales. El ministro comprometió su defensa de la colegiación obligatoria tanto para los abogados que actúan en el ámbito jurisdiccional como para los que asesoran o defienden extramuros de los tribunales.
Menos colegios
Respecto a la supuesta intención de reducir el número de colegios o eliminar el examen de acceso, el ministro manifestó que es un asunto que proviene del Ministerio de Economía y que en su opinión habrá que reforzar las competencias de universidades y colegios para el ejercicio profesional.
El presidente de la Abogacía manifestó al ministro la oposición de la Abogacía a ambas iniciativas, ratificada expresamente en el último Pleno de este ente, y se ofreció a buscar soluciones negociadas, a lo que el ministro no puso inconveniente. En este mismo sentido, Carnicer señaló al ministro que los colegios están sostenidos exclusivamente por los colegiados, así como que “garantizan y son imprescindibles para el mantenimiento eficiente de la justicia gratuita y de otros servicios, que tienen ventajas indiscutibles en la ordenación del ejercicio profesional”.
