Los hechos se llevaron a la Fiscalía el 26 de julio. Afaugamo replica así a Bienestar Social que aseguró, en un escrito, que las quejas de los familiares eran por un hecho aislado.
El presidente de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro de disminuidos psíquicos Gámez Morón (Afaugamo), Juan José Galarraga, desmintió ayer en este periódico a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad, que aseguró a través de un escrito a los medios que en el centro sólo se había producido un hecho aislado de maltrato. Y es que, tal y como reza la denuncia a la que El Faro tuvo ayer acceso, la asociación llevó a la Fiscalía de Melilla, el pasado día 26 de julio, un nuevo caso de agresión que se produjo el día 18 del mes pasado. Con esta nueva denuncia, los responsables de Afaugamo quieren demostrar que el caso que se produjo hace más de un año, también en las inmediaciones del centro e igualmente fue visto por testigos ajenos al mismo, y cuya sentencia se dio a conocer el pasado 22 de junio, no fue un hecho aislado, como decía la Consejería en su escrito.
En esta segunda denuncia, la asociación explica que un usuario del centro sufrió “un trato vejatorio por parte de una trabajadora” en la puerta del Gámez Morón y que los hechos fueron presenciados por el personal de guardia de un cuartel cercano.
Además, se apunta en el escrito que está investigando la Fiscalía, que los hechos pudieron ser filmados por las cámaras de seguridad del cuartel.
Además, tanto Galarraga, como otro de los miembros de la asociación, Juan José García Dionisio, aseguraron que hace algunas semanas un interno se escapó del centro y saltó en el interior de uno de los cuarteles cercanos, con el consiguiente peligro que esto supuso para él.
Asimismo, aseguraron que no entienden que desde Bienestar Social se diga que la responsabilidad de lo que hace una trabajadora del centro no es ni de la Consejería ni de la directora del Gámez Morón, sino de la empresa adjudicataria del servicio. En este sentido, indicaron que se trata de los máximos responsables y pidieron, como ya hicieron hace unos días que tanto la Ciudad como la dirección, la asuman.
En este sentido, los responsables de la asociación indicaron que siempre ha habido “oscurantismo” en lo referente a la gestión del centro y que “no se cuenta con los familiares ni se les da información”. Así, explicaron que hace años que llevan pidiendo una junta de participación, en la que estén ellos presentes, y se les informe de lo que sucede con los internos y ellos puedan también exponer en qué aspectos podría mejorarse.
Además, recordaron que en el centro hay muchos internos que no tienen familiares, pero que su intención es continuar trabajando y luchando para que no se produzcan casos como el ya sentenciado y el denunciado el pasado mes.
“Si eso pasa a las puertas del centro, no podemos estar tranquilos respecto a lo que ocurra de puertas para dentro”, dijeron Galarraga y García Dionisio. Ambos insistieron en que su principal intención es que los responsables del centro, dirección y Consejería, den una respuesta firme para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y destacaron que la falta de transparencia en la gestión es el principal problema.
