La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que Coalición por Melilla (CpM) habría utilizado en las elecciones de 2023 un “bot” de Telegram que cruzaba los datos del censo electoral y del padrón municipal para controlar y movilizar a los votantes, y que permitía saber al instante si cada elector había solicitado o enviado ya su voto por correo. Así figura en el atestado-informe 15025/26, al que ha tenido acceso El Faro, remitido a la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla, que instruye el caso Santiago-Rusadir.
Según los investigadores, la organización habría dispuesto de aplicaciones propias para el manejo de los votantes, sobre todo en periodos electorales. Las principales serían “DimeDonde”, operativa desde junio de 2019 y empleada en los comicios de ese año, y “DimeQuien”, creada en octubre de 2022 por el exconsejero Mohamed Ahmed Al-Lal y utilizada el 28 de mayo de 2023.
El informe concede “especial significación” al comando /vc, de voto por correo, añadido el 4 de abril de 2023. Con él, el usuario podía consultar y actualizar en tiempo real si el voto de cada ciudadano estaba pendiente, solicitado o enviado.
Para la UDEF, esa función es el nexo directo con el aparato de compra de voto, porque permitía a los captadores localizar de forma sistemática a los electores susceptibles de vender su voto y evitar duplicidades. Un testigo protegido lo corroboró en mayo de 2023, según el atestado.
Los bots serían solo la cara visible del sistema. En los dispositivos intervenidos aparecieron bases de datos de gran volumen y hojas de cálculo con la población segmentada por afinidad política, con búsquedas por documento de identidad, nombre, domicilio o teléfono y distintos niveles de permiso según el usuario. Los registros incluían incluso un etiquetado por la “ascendencia” atribuida a cada votante a partir de sus apellidos, hechos que el informe califica de “extremadamente graves”.
El atestado no detalla otros usos concretos. No obstante, un cruce automatizado entre censo y padrón permite, desde el punto de vista técnico, detectar domicilios con un número anómalo de empadronados, que podrían apuntar a empadronamientos ficticios, o perfilar a personas en situación vulnerable. Ninguno de esos usos se atribuye en el informe a los investigados.
La Ciudad Autónoma certificó descargas masivas del padrón completo desde el usuario “MAHMED02”, que correspondía a Ahmed Al-Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana. La última se hizo el 20 de marzo de 2023, poco antes de abrirse el plazo para pedir el voto por correo.
Entre los usuarios de la aplicación había personas de los cuatro niveles de la presunta organización, incluido su considerado líder, aunque no se ha podido determinar cuántos eran. El día de las municipales, a las 5.56 horas, y el de las generales de julio se enviaron instrucciones de uso del bot en un chat de coordinadores de colegios electorales.
La Policía pidió al juzgado su eliminación al entender que estaba permitiendo “un gran fraude electoral”, y la jueza la autorizó mediante un auto del 28 de mayo, el mismo día de la votación.
La UDEF atribuye por estos hechos un presunto delito de revelación de secreto a Ahmed Al-Lal, al que considera “artífice, creador y gestor” de la herramienta y el único con capacidad técnica para sustraer el padrón, y apunta también a los exconsejeros Hassan Mohatar y Dunia Almansouri, en cuyos dispositivos se hallaron conversaciones, un manual y archivos vinculados al bot.
El delito alcanza al presidente de CpM, Mustafa Aberchán, porque, según el informe, fue quien instó a Ahmed Al-Lal a ponerlo en marcha. Los investigadores citan un audio de septiembre de 2022 en el que Aberchán pedía “recuperar la base de control que teníamos, que la tiene Himmi”, nombre por el que se conoce a Ahmed Al-Lal. En 2021, además, habría enviado una captura del bot con datos de una familia.
El registro de un ordenador que supuestamente albergaba el servidor principal del bot no arrojó, en cambio, ningún resultado de interés.
El atestado enmarca la herramienta en un plan de 2019, el documento “P25”, que encomendaba a cada responsable la “custodia” de 25 electores. Ese año, el actual vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, ya denunció ante la Guardia Civil el uso de una herramienta tecnológica por parte de CpM en las generales, causa que fue archivada.
En mayo de 2023, cerca del 49% de las 11.474 solicitudes de voto por correo no llegaron a Correos después de que la Junta Electoral obligara a identificarse al titular.
Todo ello figura en términos de presunción y deberá valorarlo la jueza instructora. Aberchán se negó a declarar el pasado 23 de octubre, y CpM sostiene que no se le ha notificado el atestado y defiende la inocencia de los investigados.
