El diputado local de Coalición por Melilla (CpM) Emilio Guerra ha reclamado este jueves que los nuevos derechos en materia de dependencia recogidos en el Real Decreto-ley 36/2026 se garanticen de forma efectiva en Melilla y no se queden “sobre el papel”. En un escrito, Guerra reconoce que la norma supone un avance, pero advierte de que no concreta qué parte de la financiación estatal llegará a la ciudad.
Según recoge Guerra, el decreto, publicado en el BOE, refuerza la financiación estatal para 2027, universaliza la teleasistencia y reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver las solicitudes. “Reconocer un derecho sobre el papel no es lo mismo que garantizarlo en la práctica”, sostiene.
El diputado recuerda que la norma destina más de 904 millones de euros al nivel acordado de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas, pero no fija una asignación individualizada para Melilla, por lo que, a su juicio, se desconoce cuánto dinero adicional recibirá la ciudad.
Por ello, considera “imprescindible” que el Gobierno de la Ciudad solicite al Ejecutivo central información precisa sobre los recursos que le corresponderán y presente una planificación que permita conocer cómo se traducirán las nuevas medidas en servicios efectivos.
Guerra subraya que la reforma tiene una importancia especial para Melilla por el envejecimiento de la población, las necesidades de atención sociosanitaria y las dificultades de acceso a determinados servicios, factores que, en su opinión, exigen una planificación pública específica.
También destaca que la normativa contempla la teleasistencia las 24 horas, los 365 días del año, con especial atención a las zonas fronterizas y menos pobladas, algo que considera “especialmente relevante” para Melilla.
“Las personas dependientes y sus familias necesitan atención domiciliaria suficiente, plazas residenciales, centros de día, teleasistencia y procedimientos administrativos ágiles”, afirma el diputado de CpM.
Más allá del ámbito asistencial, Guerra plantea una dimensión económica. A su juicio, la protección social y el desarrollo económico “no son objetivos contrapuestos”, y el refuerzo del sistema de dependencia puede ayudar a diversificar la economía melillense y a generar empleo estable y cualificado.
El parlamentario enumera los perfiles que requerirá la ampliación de los servicios: profesionales sociosanitarios, auxiliares de ayuda a domicilio, personal de enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales y especialistas en tecnologías asistenciales. Por eso, defiende que Melilla desarrolle un sector de economía de los cuidados que combine inversión pública, formación profesional, creación de empleo y fortalecimiento del tejido empresarial local.
Además, sostiene que la atención a las personas dependientes no debe verse solo como un gasto asistencial, sino también como una inversión social y económica. Guerra concluye que el debate político debería centrarse en una pregunta: “¿Cómo se garantizará que las nuevas cuantías y prestaciones tengan una aplicación efectiva en nuestra ciudad?”.
