Cuando el Gobierno de España anunció a bombo y platillo que se aumentaría del 50% al 75% la bonificación a las cuotas patronales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, muchos empresarios y representantes políticos quisieron mostrarse prudentes y no pronunciarse al respecto hasta conocer en profundidad la "letra pequeña" de la norma. No confiaban en que el Ejecutivo de Sánchez hubiera tomado una decisión de estas características así porque sí y sospechaban de que debía haber "una trampa" por algún sitio. Y el tiempo les ha dado la razón.
Según comunicó ayer la Federación Pymes Melilla que preside Francis Serón, el comunicado oficial que emite periódicamente la Tesorería General de la Seguridad Social de España para informar a empresas, autónomos y autorizados sobre novedades normativas, técnicas y operativas del Sistema RED, deja claro que ese 75% de bonificación solo será de aplicación a los contratos posteriores al 1 de septiembre de 2023, lo cual deja fuera a miles de trabajadores en las dos ciudades autónomas.
La decisión adoptada por el Consejo de Ministros el 1 de septiembre pasado y publicada 24 horas después en el BOE no se extiende a todos los contratos en vigor sino solo aquellos que se celebraron desde hace tres años. Es decir, quedan fuera el resto de los trabajadores, que, por cierto, perciben en su nómina la parte proporcional que les corresponde por la ayuda del 50%, un sistema que el Gobierno eliminó de un plumazo cuando resolvió acabar con aquella disposición, que se venía aplicando en las dos ciudades desde 2004.
El problema es que, tal y como está la disposición publicada oficialmente por la Tesorería de la Seguridad, todos los contratos anteriores al 1 de septiembre de 2023 y a los que no se aplicará el 75% de la subvención quedarán exentos del 50% de la bonificación que hoy se aplica porque, según queda recogido en el Plan Integral del Gobierno, esa medida queda extinguida a partir del 31 de diciembre de 2026.
Dadas las circunstancias, la Federación Pymes Melilla ha presentado un recurso ante la Seguridad Social pidiendo una rectificación inmediata de la directriz, que resta al tejido económico de Ceuta y Melilla una bonificación esencial para la supervivencia de cientos de empresas. Habrá que esperar a ver cómo reacciona la Tesorería General, si efectivamente da marcha atrás porque, de lo contrario, estaríamos asistiendo a una medida engañosa y milimétricamente diseñada por el Gobierno para lavar su imagen tras la inacción en Ceuta, pero muy dañina para el futuro de la economía ceutíes y melillenses.
