Jesús Romero, consejero de Fomento Universitario e Investigación, ha denunciado este martes en una entrevista en la televisión pública que la Ciudad Autónoma está infrafinanciada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que no habría asumido los casi 30 millones de euros invertidos en la legislatura en materia universitaria. El dirigente popular ha aprovechado también para reivindicar el uso del antiguo Hospital Comarcal como futura Facultad de Ciencias de la Salud.
Romero, que también es secretario ejecutivo de Política Universitaria del PP de Melilla, ha vuelto a defender la apuesta del Gobierno local por dar un nuevo uso al edificio del antiguo Hospital Comarcal, en desuso desde hace años. A su juicio, esta infraestructura reúne las condiciones necesarias para convertirse en la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud. "El Hospital Comarcal tendría mucho sentido que fuera la Facultad de Ciencias de la Salud porque tiene aulas, porque tiene despachos, porque tiene laboratorio y porque hay mucho material", ha explicado.
El consejero ha lamentado que ese material pueda perderse sin uso alguno. "A mí me duele que haya material que se vaya a tirar y que pueda usarse para práctica de los estudiantes y además tendría una solución habitacional brutal porque ya es una residencia el Hospital Universitario", ha añadido, en referencia a la posibilidad de destinar parte del edificio a residencia de estudiantes.
Romero ha recordado que la Ciudad ya solicitó por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión del inmueble, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta. "Nos encantaría que fuera nuestro de la Ciudad, se lo hemos pedido por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social y creemos que nosotros le podemos dar un uso y renovar, revitalizar, ilusionar al barrio, más que ser un cajón desastre donde las dudas o los problemas de la Administración General del Estado lo parcheamos ahí", ha afirmado.
El dirigente popular ha insistido en que la falta de avances en este expediente no debería depender del color político de quien plantea la propuesta. "No sé por qué, aunque sea de otro color político, una idea buena se tiene que meter en un cajón. Yo creo que lo que quiere la población, el pueblo, yo creo que a nivel nacional, es que los partidos se pongan de acuerdo. Es decir, tu idea es buena, pues yo la apoyo", ha señalado, antes de reclamar que las diferentes formaciones "combatan las ideas" y no las rechacen únicamente por su origen partidista.
En ese contexto, Romero ha situado la competencia sobre universidad en el ámbito estatal y ha dirigido sus críticas hacia el departamento ministerial responsable. "Tengan en cuenta que la competencia de universidad depende del Ministerio de Ciencias y Universidades, pero es que no está en Melilla. Tenemos una ministra de Ciencias y Universidades que solo hay que escuchar sus declaraciones. Es una hooligan, por decirlo de manera elegante", ha afirmado.
El consejero ha aprovechado su intervención para denunciar la infrafinanciación que, según defiende, sufre la ciudad por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Nosotros estamos infrafinanciados, es decir, todo lo que invertimos, los casi 30 millones de euros que se han invertido en esta legislatura, le corresponde al Ministerio de Ciencia y Universidad esa inversión. No a nosotros. Es dinero de los melillenses que lo deberíamos usar en otras áreas, pero ante el vacío de interés lo hacemos nosotros porque estamos legitimados para cumplir nuestras aspiraciones. Ya reivindicaremos esa deuda histórica que nos las compense", ha finalizado.
La propuesta de dar un uso universitario al antiguo Hospital Comarcal no es nueva. En diciembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ya solicitó formalmente al Estado la cesión de este edificio para transformarlo en un centro universitario que albergara la Facultad de Ciencias de la Salud, con los grados de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Medicina, además de una residencia universitaria y un hospital de simulación. En aquel momento, la propia Delegación del Gobierno no se mostró favorable a la iniciativa, que sigue sin resolverse ocho meses después.
