El Gobierno local desmiente irregularidades en la tramitación del Centro Comercial

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha salido al paso de las informaciones publicadas recientemente por el diario "El País" sobre una presunta trama de irregularidades en la gestión del proyecto del Centro Comercial Parque Murias, negando “de forma categórica” cualquier conducta delictiva y anunciando acciones legales contra quienes difundan acusaciones que considera “infundadas”.

Las informaciones apuntan a la existencia de una investigación en curso vinculada inicialmente al supuesto caso de compra de voto por correo en las elecciones de 2023 en Melilla, actualmente en fase de instrucción en el juzgado.

En el marco de esas diligencias, según "El País", habría surgido una nueva línea de investigación que afectaría a la gestión administrativa del citado proyecto comercial y que, presuntamente, podría implicar a responsables políticos de etapas anteriores del Ejecutivo local, entre ellos el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda.

De acuerdo con esa información, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional habría recabado documentación y testimonios considerados relevantes, en los que se describiría una “presunta mecánica delictiva” relacionada con el desarrollo urbanístico y la tramitación del proyecto del parque comercial. Sin embargo, por el momento no se ha comunicado públicamente ninguna imputación formal derivada de esta línea de investigación específica ni resoluciones judiciales firmes al respecto.

Negación rotunda

Frente a estas revelaciones, el Gobierno de Melilla ha difundido un extenso comunicado en el que rechaza “con absoluta rotundidad” cualquier insinuación de irregularidad en la gestión del expediente administrativo del Centro Comercial Parque Murias.

En su respuesta, el Ejecutivo sostiene que el contenido del informe en el que se basan las informaciones periodísticas “no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos”. Además, afirma que dicho documento carecería, a su juicio, de “rigor técnico y jurídico”, al haber sido elaborado sin la debida contrastación con los órganos administrativos que tramitaron el expediente.

El Gobierno local defiende que el procedimiento administrativo se desarrolló conforme a la legalidad vigente, con la emisión de los correspondientes informes técnicos y jurídicos en cada fase de la tramitación. Según el comunicado, una simple consulta del expediente permitiría comprobar la corrección del procedimiento seguido.

Asimismo, el Ejecutivo melillense señala que fue la propia administración autonómica la que puso en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos relacionados con locales comerciales que habrían incumplido obligaciones de autodeclaración del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), lo que, según el Gobierno, evidenciaría su compromiso con la transparencia y la legalidad.

El Gobierno melillense también cuestiona la difusión de las informaciones, al considerar especialmente grave que se estén trasladando “afirmaciones de enorme trascendencia pública” basadas en un documento que, según sostiene, no ha sido formalmente trasladado a las personas mencionadas ni ha generado todavía actuaciones judiciales concretas.

En este sentido, el Ejecutivo advierte de que la difusión de estas acusaciones podría estar lesionando la honorabilidad de instituciones y funcionarios públicos, al tiempo que acusa a las informaciones de generar un daño reputacional injustificado.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha anunciado que estudiará el ejercicio de acciones legales contra los autores, responsables o difusores de lo que considera informaciones falsas o sin sustento, con el objetivo de proteger la imagen institucional y la de sus empleados públicos.

Fase de investigación

Pese al cruce de acusaciones, el caso se encuentra aún en una fase preliminar de investigación judicial. Las diligencias abiertas en el contexto de la presunta compra de votos por correo en 2023 en Melilla han derivado, según las informaciones publicadas, en nuevas líneas de análisis sobre otros procedimientos administrativos anteriores, entre ellos el desarrollo del Centro Comercial Parque Murias.

Fuentes citadas en las informaciones periodísticas sostienen que la investigación policial habría detectado elementos que merecen ser analizados en sede judicial, aunque estas apreciaciones no han sido confirmadas oficialmente mediante autos públicos ni resoluciones judiciales definitivas.

En paralelo, el Ejecutivo local insiste en que no existe procedimiento judicial formal contra los responsables de la tramitación del expediente del parque comercial y que todas las actuaciones administrativas se han realizado dentro del marco legal.

Por el momento, ni la Policía Nacional ni el órgano judicial instructor han emitido nuevas informaciones públicas que aclaren el alcance exacto de la supuesta nueva línea de investigación. El asunto permanece, por tanto, en un escenario de investigación abierta, con versiones contrapuestas entre las informaciones periodísticas y la defensa institucional del Ejecutivo de Melilla.

Por otra parte, solo Somos Melilla ha salido al paso de esta información para solicitar públicas explicaciones del Gobierno y mostrarse partidarios de mantener la presunción de inocencia. "Vaya por delante, como siempre hemos defendido desde Somos Melilla, el respeto absoluto al principio de presunción de inocencia. No somos jueces ni verdugos, pero una cosa es la prudencia judicial y otra muy distinta es el silencio político", señala al respecto Amín Azmani, líder de la organización.ç

Azmani dice sentir un "inevitable déjà vu" porque, según dijo, ya Imbroda fue absuelto por el Supremo en su día "no porque fuera un santo o porque la Fiscalía no viera bases, sino porque, cosas del destino, sus presuntos delitos habían prescrito. Se libró por el reloj, no por el fondo".

Por eso pidió "un poquito más de ritmo judicial" para impedir la prescripción y abogó por una gestión "pública, clara y transparente. "Los melillenses merecemos una gestión pública, clara y transparente. Y el que cometa corrupción, cualquier tipo de corrupción, lo debe pagar, sea quien sea, y afecta al partido que afecte", concluye.