El Consejo de Ministros ha autorizado este pasado martes la distribución de cerca de 2 millones de euros a Melilla para financiar programas destinados a la atención de la pobreza infantil y la protección de las familias en situación de vulnerabilidad. La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se enmarca en un reparto global de casi 200 millones de euros entre comunidades y ciudades autónomas.
Esta inversión tiene como objetivo reforzar los servicios sociales públicos y dar respuesta a las necesidades básicas de las familias con menos recursos. Los fondos serán gestionados por las administraciones autonómicas, competentes en esta materia, y permitirán financiar diferentes actuaciones tanto a nivel local como autonómico.
En el caso de Melilla, la financiación se articula en tres programas principales. El primero de ellos, dotado con 1,2 millones de euros, está dirigido a la intervención social con familias con menores en riesgo de pobreza o exclusión social. Estas ayudas podrán cubrir necesidades esenciales como alimentación, higiene o ropa, así como gastos relacionados con la educación, entre ellos material escolar o comedores. Además, incluye el desarrollo del programa Veca, enfocado en garantizar la alimentación, el ocio y la conciliación familiar durante los periodos no lectivos.
Por otro lado, se destinan 125.000 euros al refuerzo de los equipos de servicios sociales con el objetivo de prevenir y detectar situaciones de violencia en la infancia. Esta línea contempla la incorporación de perfiles profesionales especializados y una mayor coordinación con centros educativos y sanitarios.
Finalmente, el Plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales contará con una asignación de 542.500 euros en la ciudad. Esta partida permitirá garantizar servicios como la ayuda a domicilio, el alojamiento alternativo, la orientación social o programas de prevención e inserción, así como el funcionamiento de centros de acogida.
Con esta transferencia, el Ejecutivo central busca sostener una red de protección dirigida a familias con necesidades singulares, entre ellas las monomarentales, numerosas o las que viven en el medio rural. El Ministerio defiende que estas partidas contribuyen a consolidar unos servicios sociales públicos, accesibles y de calidad.
