El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado este jueves la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, al considerar que la situación del sistema sanitario en Ceuta y Melilla es “insostenible”. La organización ha trasladado esta petición a través de un comunicado en el que denuncia el progresivo deterioro de la atención sanitaria en ambas ciudades autónomas, cuya gestión depende directamente del Ministerio mediante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Según el colectivo, la situación actual no responde a problemas puntuales, sino a una serie de decisiones políticas que han agravado la precariedad estructural del sistema. Entre las medidas señaladas destaca la eliminación del reconocimiento de zona de difícil cobertura, que, según el sindicato, ha afectado negativamente a la captación y estabilidad de profesionales sanitarios en territorios que históricamente han registrado déficit de especialistas.
El SMC advierte de que la falta de médicos en especialidades clave, como Psiquiatría, Reumatología, Endocrinología o Radiología, está generando una sobrecarga asistencial “extrema” y dificultades para garantizar la prestación de servicios básicos. A esta situación se suman, según el comunicado, declaraciones institucionales que han provocado malestar en el colectivo, al considerar que no se corresponden con la realidad de las plantillas, que califican de insuficientes.
Asimismo, el sindicato ha denunciado el avance de un modelo basado en la externalización de servicios sanitarios, que incluye tanto pruebas diagnósticas como áreas asistenciales completas. A su juicio, esta tendencia contribuye a debilitar de forma progresiva la sanidad pública en Ceuta y Melilla.
Otro de los aspectos que subraya el SMC es el incremento de las derivaciones de pacientes a la península debido a la falta de recursos locales. Entre 2022 y 2025 se han registrado más de 7.300 traslados sanitarios, una cifra que, según el colectivo, refleja la dependencia estructural del sistema y su incapacidad para responder desde el propio territorio. Esta situación tiene además un impacto emocional y social en los pacientes, especialmente en aquellos que requieren tratamientos complejos.
La petición de dimisión se enmarca en un contexto de críticas crecientes a la gestión sanitaria en las ciudades autónomas, donde distintos sectores han reclamado cambios en la política del Ministerio.
