CpM ha puesto el foco en el Real Decreto-ley 8/2026 aprobado por el Gobierno central el pasado 20 de marzo, un paquete de medidas en materia de alquiler adoptado en respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de marzo y en vigor desde el día 22, introduce cambios relevantes en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en todo el país y, según la formación, requiere una actuación inmediata en Melilla.
Entre las principales disposiciones del decreto destacan dos medidas dirigidas a proteger a los inquilinos. Por un lado, se contempla una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de hasta dos años para aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027. Por otro, se establece un límite del 2% en la actualización anual de la renta durante ese mismo periodo.
Estas medidas son de aplicación directa en Melilla. Sin embargo, en el caso de la prórroga de los contratos, esta no se aplica de manera automática, sino que debe ser solicitada expresamente por el inquilino, lo que convierte la información y el acceso a este derecho en un aspecto clave.
El alcance de estas medidas puede ser relevante en la ciudad, donde más del 25% de la población reside en viviendas de alquiler, según estimaciones de distintas fuentes. Ante esta situación, CpM considera necesario que el Ejecutivo local adopte actuaciones concretas para garantizar que los ciudadanos conozcan y puedan ejercer estos derechos.
En este sentido, la formación plantea tres iniciativas inmediatas. La primera consiste en el lanzamiento de una campaña informativa urgente que dé a conocer el contenido del Real Decreto-ley 8/2026, especialmente el tope del 2% en la actualización de las rentas y la posibilidad de solicitar la prórroga extraordinaria de los contratos.
La segunda propuesta pasa por habilitar un servicio de asesoramiento en el ámbito de los Servicios Sociales, orientado a apoyar a los inquilinos en situación de mayor vulnerabilidad en la tramitación de la solicitud de prórroga antes de la finalización de sus contratos. El objetivo es facilitar que este derecho pueda ejercerse correctamente y en tiempo.
En tercer lugar, CpM propone activar un mecanismo de seguimiento ante posibles incumplimientos del límite del 2% por parte de los arrendadores. Esta medida cobra especial relevancia en el caso de los llamados “grandes propietarios”, es decir, aquellos que cuentan con diez o más inmuebles, para quienes este tope es de obligado cumplimiento independientemente de acuerdos previos. En Melilla existen más de 300 grandes tenedores que concentran una parte significativa del mercado del alquiler.
La formación trasladará estas propuestas en forma de interpelación al Gobierno de la Ciudad en el pleno previsto para el próximo 6 de abril. En esa sesión también solicitará información sobre la gestión del Ejecutivo de Imbroda respecto al conjunto de medidas incluidas en el paquete anticrisis vinculado al conflicto en Oriente Medio, tanto las que afectan a Melilla como las que no han sido aplicadas.
El Real Decreto-ley 8/2026, aún pendiente de convalidación, incide en un mercado del alquiler ya tensionado en la ciudad, caracterizado por una oferta limitada. A ello se suma un incremento del precio de la vivienda del 14%, según datos del INE, lo que agrava la situación para muchas familias.
Actualmente, más del 55% del salario medio en Melilla se destina al pago del alquiler. El precio medio mensual supera los 800 euros y se encadenan ya cuatro trimestres consecutivos de subidas.
En este contexto, se insiste en la importancia de que los inquilinos conozcan sus derechos. La prórroga extraordinaria no se aplica de oficio, por lo que debe solicitarse por escrito al propietario. La falta de información puede impedir que muchos arrendatarios, especialmente los más vulnerables —como pensionistas, jóvenes o personas con bajos ingresos—, se beneficien de esta medida.
Finalmente, se recuerda que la problemática del acceso a la vivienda en Melilla es estructural. Desde hace años se vienen reclamando políticas que impulsen la vivienda protegida y fomenten el alquiler asequible. Mientras no se aborde de manera decidida esta cuestión, las medidas de carácter extraordinario seguirán actuando como soluciones temporales ante un problema de fondo.
