La inmigración ilegal volverá a ser este año un quebradero de cabeza para la Delegación del Gobierno. Así lo dejan ver las noticias de los últimos días. A las primeras de cambio, cuando las condiciones meteorológicas lo han permitido, se han vuelto a echar a la mar las embarcaciones cargadas de inmigrantes ilegales. La ocupación del CETI, que había bajado hasta aproximarse a sus 480 residentes de capacidad máxima, se ha vuelto a disparar con las últimas entradas. En la actualidad, según los datos de la Delegación del Gobierno, ronda los 625 residentes. Y lo más preocupante es que, según diversas fuentes, cientos de inmigrantes están esperando al otro lado de la frontera para intentar llegar a Melilla aún a costa de arriesgar su vida abordo de embarcaciones precarias u ocultándose en reducidos habitáculos en vehículos que tratan de burlar los controles de los puestos fronterizos.
Desgraciadamente, Melilla poco puede hacer para plantar cara a esta situación. Las motivaciones de estos movimientos demográficos irregulares están en las condiciones económicas, políticas y sociales sobre las que es muy difícil actuar. Su contención depende de relaciones internacionales de España con terceros países. Y la efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está limitada al nivel de colaboración que en cada momento exista con la Policía marroquí.
Ante esta situación Melilla sólo puede exigir que se agilicen aún más los traslados a la península o que se asignen los medios imprescindibles para atender a los inmigrantes en la ciudad, como ampliar y adaptar la capacidad del CETI hasta el nivel necesario para acoger con garantías a los inmigrantes. Lo contrario será engañarnos y aceptar el riesgo de que en cualquier momento puede ocurrir alguna desgracia en unas instalaciones que a lo largo de todo el año acogen un número de residentes muy por encima de su capacidad, como todo el mundo sabe.
