Las circunstancias políticas han hecho que Melilla, como otras ciudades españolas, no vaya a poder trabajar bajo las directrices de unos presupuestos anuales hasta el quinto mes del año. Otros municipios y autonomías deberán corregir sus previsiones y adoptarlas a las nuevas líneas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha marcado en las cuentas que presenta hoy en el Congreso de los Diputados. Y precisamente ocurre esto cuando la atención, el cuidado y el esmero en la gestión de los recursos públicos es una regla inquebrantable para cumplir a fin de año con el objetivo de déficit que el Ejecutivo central ha acordado con la Unión Europea.
Las distintas administraciones locales y autonómicas vienen caminando a tientas durante meses, sin saber exactamente sobre qué áreas van a recaer los recortes del Estado, hacia dónde deberán dirigir los recursos que el Gobierno les asigne para su gestión y cuál será su cuantía.
Cuando el pasado viernes el Ejecutivo ofreció sólo algunas pinceladas sobre sus presupuestos y aún no se conocían las cuentas al detalle, llegó el primer sobresalto para los melillenses, ceutíes, canarios y baleares. Primero se anunció que la partida destinada a descuentos en los billetes de barco y avión para los residentes se iba a ver reducida en 65 millones de euros. Los 395 millones de 2011 iban a perder un 16,5% en 2012 para quedarse en 330 millones. Más tarde el ministro José Manuel Soria garantizó que los descuentos no corrían peligro. Aparentemente, sólo se trató de una falsa alarma, si creemos al titular de la cartera de Industria, que no ofreció demasiadas explicaciones. Aquello del viernes sólo es una muestra de lo que nos podemos encontrar a partir de hoy, cuando el Gobierno ponga los Presupuestos Generales del Estado encima de la mesa y empiecen a ser examinados al detalle en el Congreso de los Diputados.
