Cuadrar las cuentas no está resultando fácil para el Gobierno de Rajoy. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de presupuestos más austero de la democracia y aceptó establecer una amnistía fiscal para tratar de captar recursos que ayuden a cumplir con el 5,3% de déficit máximo en 2012. El Ejecutivo del PP se está viendo obligado a encarar la crisis no sólo con los conocimientos de sus expertos en finanzas. También está necesitando echar mano de profesionales de la comunicación para intentar explicar paradojas como que en unos mismos Presupuestos Generales del Estado se exija sacrificios a una parte de la ciudadanía y a otra se la ‘premie’ con un “gravamen especial” del 10% sobre rentas no declaradas para regularizar activos ocultos. Con una mano se aprieta a los justos al mismo tiempo que la otra afloja la presión sobre los defraudadores.
Duros ajustes, amnistías fiscales y más impuestos a las (grandes) empresas, caminos contradictorios por los que se ve obligado a transitar a un mismo tiempo el Gobierno del PP con el objetivo de conseguir llegar a la cifra de 27.300 millones de euros de reducción del déficit. Y, sin embargo, ninguno de esos planteamientos forma parte de la base ideológica de los populares ni, por supuesto, estaba contemplado en el programa con el que concurrieron a las últimas elecciones generales.
La crisis financiera está obligando a los ministros económicos del PP a realizar complicados ejercicios dialécticos para explicar decisiones que no comparten y que, sin embargo, consideran que son vitales para garantizar el retorno a la senda de la prosperidad. Quizás ése sea uno de los principales argumentos para defender las medidas que están adoptando: Son tan necesarias e imprescindibles que se deben tomar aunque estén en contradicción con el propio ideario y el de los ciudadanos que con su voto han posibilitado la llegada de los populares a La Moncloa.
