Hace dos días el juez señaló a los ex delegados del Gobierno José Fernández Chacón y Gregorio Escobar.
Ayer su dedo apuntó hacia un notario de Melilla y a la mujer de Mustafa Aberchán, el líder del principal partido de la oposición.
Las actuaciones judiciales se prolongan desde antes de las elecciones generales de 2008. El 6 de marzo de ese año en el Juzgado de Instrucción nº4 se incoaron diligencias previas para el descubrimiento e investigación de un supuesto delito electoral.
Tres días después, el 9 de marzo, los votantes otorgaron al PSOE 169 escaños, cinco más que en 2004. Desde entonces el sumario viene engordando de manera lenta e implacable.
Así es la Justicia en este país, al menos en lo que se refiere a la lentitud. Esa es la carga que se ve
obligado a arrastrar cualquier ciudadano que decide o se ve en la necesidad de entrar en un juzgado. En el caso del ‘voto por correo’, la espera no sólo perjudica a los directamente señalados por el juez instructor.
También afecta al conjunto de la ciudadanía, que desde que salieron a la luz los primeros datos del sumario desconoce si una parte de las fuerzas políticas de Melilla está en manos de delincuentes o de personas que merecen todo el respeto como ciudadanos.
El titular del Juzgado y los agentes de la Policía Judicial se enfrentan a una investigación de gran complejidad por la cantidad de testimonios que está siendo necesario recabar, la documentación que debe ser examinada, el número de imputados, el análisis de las intervenciones telefónicas... un trabajo agotador que no permite exigir más celeridad. Aunque sí aconseja dotar de todos los medios necesarios al juez para que pueda concluir el sumario a la mayor brevedad posible,
tanto por el bien de los propios imputados como por el de los ciudadanos de Melilla, que ven cómo una parte de sus representantes políticos está bajo una constante sombra de sospecha desde hace ya demasiado tiempo.
