La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado públicamente que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y el Ministerio de Defensa han vuelto a rechazar la financiación de un tratamiento médico vital para un cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo estado de salud se encuentra gravemente comprometido. El militar, Iván Iglesias, padece sarcoidosis pulmonar persistente, una enfermedad que ha reducido su capacidad respiratoria a la mitad y que requiere, según prescripción médica, el uso del fármaco Adalimumab para evitar una evolución hacia una fibrosis pulmonar irreversible.
El problema surge porque esta patología no se encuentra incluida en el listado oficial de enfermedades para las que está aprobada la financiación del medicamento, lo que ha llevado a ISFAS a denegar su cobertura. El coste del tratamiento asciende a 1.200 euros mensuales, una cifra inasumible para el afectado, quien tras 15 años de servicio en las Fuerzas Armadas podría ver comprometida su permanencia por no superar las pruebas físicas debido al deterioro progresivo de su salud.
ATME califica esta situación como “crítica” y exige una respuesta humanitaria por parte de las autoridades competentes. La asociación ha remitido escritos tanto a la ministra de Defensa como al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, reclamando que se establezcan mecanismos que permitan financiar tratamientos no incluidos en el listado habitual cuando concurran informes médicos que acrediten su necesidad vital y la ausencia de alternativas eficaces.
“El derecho a la salud debe estar por encima de las trabas burocráticas”, señala ATME, que insiste en que la literalidad normativa no puede ser un obstáculo cuando está en juego la vida o el bienestar de un servidor público. En este sentido, la organización lamenta que la administración haya optado por una aplicación estricta del reglamento sin atender a las particularidades del caso.
La negativa oficial se ha basado en argumentos técnicos: el uso del Adalimumab solo se financia para las indicaciones reflejadas en su ficha técnica, tal como figura en la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Al no figurar la sarcoidosis entre ellas, ni la Subdirección de Prestaciones del Isfas ni la propia ministra de Defensa han aceptado los recursos interpuestos.
Este criterio, denuncia ATME, ignora la realidad médica del paciente, quien ya ha agotado los tratamientos convencionales sin éxito. La Asociación advierte de que no se trata de una excepción aislada, sino de un ejemplo más de cómo el sistema sanitario militar actual puede dejar en el abandono a miembros en activo que requieren terapias no recogidas expresamente en los protocolos habituales.
“Es paradójico que se financie el mismo fármaco para otras enfermedades y se deniegue en este caso, cuando su aplicación está avalada por los especialistas que atienden al militar”, denuncia la entidad, que recalca el impacto que esta situación tiene tanto en la salud del afectado como en su carrera profesional.
ATME concluye que seguirá luchando por una sanidad militar más humana, adaptada a los nuevos retos clínicos, y que no deje a nadie atrás. En palabras de la asociación, “es inaceptable que un servidor público vea peligrar su salud y su futuro por culpa de una interpretación rígida y desactualizada de las normas”.
Con tantas “Asociaciones”, que existen en nuestro País, en post de la humanidad, se echa en falta, no se unan al unísono, en el mayor clamor, en defensa del bien mencionado, para que el susodicho, pueda llevar una vida, acorde con los tiempos que corren, sin negarle que lo pueda hacer razonablemente conforme a la actualidad que vivimos. ¿Es, que no hay, ningún ente: local, provincial, regional o nacional, que enmiende o regenere este, dañoso perjuicio, que aflige a un ser humano? .