La reforma laboral y los recortes que han llegado con la crisis económica y los desequilibrios financieros del Estado sumaron ayer una nueva jornada de protestas que lograron variados niveles de seguimiento según los distintos escenarios geográficos. En algunos puntos, como Barcelona, las movilizaciones contra los recortes vinieron acompañadas de injustificables disturbios. Los manifestantes muestran su descontento con una situación de la que no se sienten responsables pero que la sufren como víctimas. Sus gritos, eslóganes y proclamas surgen de un conjunto de argumentos en los que la palabra “injusticia” ocupa un lugar privilegiado. Sin embargo, en ningún momento los diputados que han respaldado los recortes económicos los han defendido como una acción “justa”, sino como ajuste “necesario” para que el país pueda continuar haciendo frente a sus compromisos financieros.
Desde que se planteó la necesidad de los recortes para equilibrar el gasto era previsible que se produjeran movilizaciones sociales, como también lo era que no iba a haber ninguna otra alternativa seria, al margen de los recortes, para afrontar la situación con credibilidad ante los socios de la Unión Europea y los inversores que pueden comprar nuestra deuda. La reducción del déficit es la única decisión ‘voluntaria’ que le queda a España para intentar evitar precipitarse al mismo pozo en el que se encuentra Grecia, a la que ya se le ofrece la salida del euro como una posibilidad que hasta hace unos meses se consideraba una opción inviable.
Las pancartas y protestas (al margen de los injustificables actos de violencia y vandalismo) tienen su razón de ser si se plantean los recortes y la reforma laboral en términos de ‘justicia’ o ‘injusticia’. Pero decaen cuando hay que ofrecer una alternativa sólida para hallar una salida al laberinto de la crisis económica en España.
