El diputado de Coalición por Melilla (CpM), Emilio Guerra, ha instado al Gobierno de la Ciudad Autónoma a que aproveche el nuevo marco legal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre y destine el superávit presupuestario de 2024 a inversiones en la ciudad.
Según los datos aportados, se trata de una cantidad cercana a los 17,76 millones de euros que el Ejecutivo de Imbroda ya había decidido destinar a la amortización anticipada de deuda bancaria mediante un suplemento de crédito aprobado en el Pleno del pasado mes de noviembre. Así lo determinaba la normativa estatal del Ministerio de Hacienda.
La petición de Guerra se produce tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que modifica las reglas de uso del superávit de las entidades locales, prorrogando hasta 2027 la posibilidad de emplear estos fondos en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
Esta modificación afecta directamente a la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y permite a las administraciones locales redirigir el superávit de 2024 a proyectos de inversión, en lugar de utilizarlo exclusivamente para pagar deuda, como establecía la normativa anterior.
“Lo importante ahora es aprovechar esta oportunidad para que el dinero de los melillenses se invierta en Melilla, y no pase a engordar las cuentas de las entidades financieras”, ha señalado Guerra. A su juicio, el nuevo marco legal representa una "ventana de oportunidad" que puede incrementar en un 20 o 30% la capacidad inversora de la ciudad, lo que permitiría atender necesidades sociales prioritarias que siguen sin resolverse.
Según ha recordado el diputado local, el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, justificó en su momento la amortización anticipada alegando que se trataba de un "ahorro de los melillenses" que debía obligatoriamente destinarse al pago de préstamos. No obstante, también reconoció que con ese dinero “podríamos construir 100 o 120 viviendas sociales”, lo que, en palabras de Guerra, demuestra que existen otras necesidades que podrían atenderse con esa cantidad si se modifica su destino.
La principal dificultad, advierte el representante de CpM, es que revertir la decisión adoptada por el Pleno no es un proceso inmediato. Para dejar sin efecto o redirigir el suplemento de crédito ya aprobado sería necesario tramitar una nueva modificación de créditos.
Esto implicaría la redacción de una memoria técnica por parte de la Consejería de Hacienda, informes de Intervención sobre estabilidad presupuestaria, informe jurídico, propuesta al Pleno y adaptación al marco normativo que rige este tipo de operaciones. Todo el proceso podría retrasar más de un mes la finalización de los trabajos para cerrar el Presupuesto General de la Ciudad para 2026.
En este sentido, Guerra ha planteado la posibilidad de que la Ciudad Autónoma retire el actual borrador de presupuestos y lo adapte a la nueva situación, incorporando un nuevo Anexo de Inversiones que recoja los proyectos financiados con el superávit liberado. También serían necesarios informes actualizados de la Intervención General que avalen la legalidad del nuevo uso de los fondos, conforme a las condiciones del Real Decreto-ley.
Desde CpM se han mostrado dispuestos a colaborar con el Ejecutivo para llevar a cabo estas modificaciones de forma ágil. “Queremos mostrar nuestra disposición a colaborar con el Gobierno de la Ciudad en todo lo necesario para incorporar al presupuesto de 2026 los 17,7 millones referidos y dar máxima celeridad a la aprobación de los PGCAM”, afirma el comunicado difundido por el partido.
Este cambio legislativo ha generado movimiento en distintas administraciones locales. En el caso de Melilla, el propio Gobierno de Imbroda ya trató de frenar el pago en amortización de deuda una vez conocido el giro impulsado por el Ejecutivo central, como informó El Faro de Melilla.
Para CpM, lo fundamental ahora es que el dinero de todos los melillenses se traduzca en mejoras reales en infraestructuras, servicios y necesidades básicas, como la vivienda, cuya escasez continúa siendo un problema urgente en la ciudad. El debate sobre el destino del superávit continúa abierto y está llamado a marcar el desarrollo del presupuesto de 2026.
