La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, anuncia su intención de viajar a Madrid para reclamar 6,5 millones de euros. Además de solicitar al Gobierno central dinero, Melilla y el resto de las autonomías deberían exigir al presidente del Ejecutivo y a los responsables de cada ministerio que se defina de una vez el reparto de prestaciones y servicios que corresponde ofrecer a cada administración. En cierta medida, ese lío de competencias explica las dificultades económicas por las que están atravesando algunos entes locales, especialmente, ciertos ayuntamientos de la península. Durante la época de vacas gordas asumieron competencias, sobre todo relacionadas con la Seguridad, la Educación y los Servicios Sociales, que ahora son incapaces de soportar cuando el flujo de recursos que les llega del Gobierno central o de sus correspondientes autonomías ha quedado reducido a la mínima expresión. Inquietantemente grave es la situación en las localidades donde el estado de salud de sus arcas depende de la buena marcha del sector de la construcción. En aquella época, si faltaban policías nacionales o guardias civiles en el municipio, el alcalde de turno reforzaba la seguridad con más plazas de agentes locales. Si un colegio necesitaba reparaciones, los presupuestos municipales contemplaban una partida para obras. O si las ONGs no llegaban a atender las necesidades de la población más desfavorecida, los ayuntamientos, la administración más cercana, eran los primeros que acudían en su auxilio.
Hoy es necesario continuar prestando todos y cada uno de esos servicios, pero con el ‘inconveniente’ de que es preciso ajustar el gasto por la inquietante falta de ingresos, producto de una actividad económica que se mantiene al ralentí. Por ello, el primer paso debe ser determinar a quién corresponde ofrecer cada prestación, luego establecer un presupuesto adecuado y finalmente exigir la máxima eficacia al responsable de su gestión.
