Las agresiones a los agentes españoles de la autoridad no son gratis. Ese debe ser el mensaje que tiene que llegar con absoluta precisión al otro lado de la frontera para que ciertos ciudadanos del país vecino lo entiendan con meridiana claridad. Es cierto que España ofrece un conjunto de garantías que impiden abusos de autoridad, pero esas mismas garantías son también una salvaguarda para los funcionarios encargados de guardar la paz y el orden en este país y en cualquier otro que quiera merecer el título de democrático.
Alguno de estos conceptos no debía de estar claro para los dos marroquíes que el pasado domingo agredieron a varios agentes de la Guardia Civil que les dieron el alto cuando navegaban por la bahía melillense. En menos de tres días y con todas las garantías, un juez ha impuesto una pena de un año y dos meses de prisión al patrón de la embarcación y una multa para su acompañante por resistencia y desobediencia a la autoridad. Ninguno ingresará en la cárcel porque el único acusado al que le ha sido impuesta una condena privativa de libertad carece de antecedentes penales.
Se trata de una sentencia ejemplarizante y de una actuación que debe servir como referente tanto para los responsables policiales de Marruecos como para sus autoridades judiciales. En unas horas el país vecino tendrá la posibilidad de demostrar hasta donde ha avanzado en su proceso de modernización y democratización cuando se sienten en el banquillo de un juzgado de Nador dos de sus ciudadanos acusados de agredir en septiembre de 2008 a varios mandos policiales españoles en la frontera de Beni-Enzar a su regreso a Melilla tras una reunión con sus homólogos marroquíes. El desarrollo de este juicio será un indicio claro para comprobar hacia donde avanzan nuestros vecinos y si será posible llegar a encontrarnos para continuar juntos el camino.
