La Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ha denunciado públicamente lo que considera un nuevo ataque por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEYFP) a la enseñanza concertada en Melilla. El sindicato critica con dureza la decisión de la Dirección Provincial del Ministerio en la ciudad autónoma de impedir que los estudiantes del Grado de Magisterio realicen sus prácticas académicas en centros concertados, restringiéndolas exclusivamente a colegios públicos.
Según denuncia FETE-UGT, esta medida representa una clara discriminación institucional hacia los centros concertados, que también forman parte de la red educativa financiada con fondos públicos. En un comunicado difundido por el sindicato, se afirma que esta exclusión no tiene precedentes ni en otras comunidades autónomas ni en Ceuta, y que supone una actuación unilateral por parte de la Administración que no cuenta con respaldo jurídico alguno.
El sindicato sostiene que la medida vulnera varios principios constitucionales. En primer lugar, alude al artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de enseñanza y reconoce la legitimidad de la existencia de centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. Asimismo, advierte que se está conculcando el artículo 14 de la Constitución, que establece el principio de igualdad ante la ley, ya que los centros concertados estarían siendo tratados de forma desigual respecto a los públicos, pese a formar parte del mismo sistema educativo.
FETE-UGT recuerda que los docentes de los centros concertados cumplen con los mismos requisitos de formación y titulación que el profesorado de la red pública, y en muchos casos cuentan con niveles de experiencia similares o incluso superiores. Para la organización sindical, lo que determina la calidad de las prácticas no es la titularidad del centro, sino factores como la planificación, el acompañamiento pedagógico y la metodología aplicada.
En el comunicado se cita el Real Decreto 592/2014, que regula las prácticas externas de los estudiantes universitarios y que contempla expresamente la posibilidad de realizarlas en entidades tanto públicas como privadas. Además, se menciona el BOE del 30 de octubre de 2017, donde se recoge que los centros sostenidos con fondos públicos de Ceuta y Melilla pueden ser acreditados como centros de formación en prácticas, siempre que impartan enseñanzas obligatorias y cuenten con docentes que puedan ser reconocidos como tutores.
A juicio del sindicato, excluir a los centros concertados de esta función rompe con el principio de equidad en el acceso a la formación del alumnado universitario, que debería tener la posibilidad de formarse en distintos modelos educativos dentro del sistema público. “La decisión de la Inspección Educativa no se sostiene desde el punto de vista legal ni pedagógico”, afirman desde FETE-UGT, que subraya que esta exclusión “abre una brecha innecesaria” en el sistema educativo de la ciudad.
Por todo ello, la Federación de Enseñanza de UGT reclama al Ministerio que reconsidere su postura y permita que los centros concertados puedan seguir acogiendo a futuros docentes en prácticas, tal como lo han venido haciendo en años anteriores. Desde el sindicato defienden que estos centros están plenamente capacitados para ofrecer una formación de calidad al alumnado en prácticas, y que su exclusión representa una decisión ideológica más que técnica o educativa.
“La red de centros concertados en Melilla forma parte esencial del sistema educativo financiado con fondos públicos, y no puede ser marginada ni tratada como una opción secundaria”, concluye el comunicado emitido por FETE-UGT.
