El Gobierno presentó ayer la esperada por unos y, al mismo tiempo, temida por otros reforma laboral. La nueva forma de contratar y despedir en España mereció las previsibles críticas de los sindicatos y el moderado apoyo de los empresarios. Como era de esperar, el PP tendrá que defender a capa y espada la ley frente a las predecibles críticas de la oposición, especialmente de los partidos situados a su izquierda, es decir, todos salvo algún nacionalista que confíe en obtener alguna contrapartida a cambio de su ‘desinteresado’ apoyo.
La lluvia de críticas comenzó incluso antes de que el Gobierno tuviera tiempo de presentar su proyecto. No hizo falta conocer los matices ni evaluar pros y contras para arremeter contra la reforma laboral. Evidentemente, las medidas tomadas por el Gobierno suponen un recorte de los derechos de los trabajadores que aún conservan su empleo. Pero tal vez sirvan para que conserven sus puestos de trabajo. Quizás los millones de ciudadanos que aguardan en las listas del paro vean en la reforma laboral una posibilidad para ser rescatados. Puede que anime a los emprendedores a iniciar nuevas aventuras empresariales. Hasta ahora lo único constatable es que las medidas a medio camino tomadas por el anterior Gobierno no han servido para detener la sangría de empleos y que los brotes verdes que los ministros socialistas veían aquí y allá no resultaron ser más que ilusiones.
A pesar de todo, cuando transcurra el tiempo y sea posible evaluar con números y argumentos el resultado de las nuevas medidas, quizás haya que reprochar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que arrebató derechos a los trabajadores sin conseguir dar la vuelta a la situación económica. Hasta entonces, parece un poco precipitado echarse a la calle para protestar, sobre todo porque allí los manifestantes se pueden encontrar con alguno de los más de cinco millones de ciudadanos a los que echaron a la calle y que desde hace tiempo esperan la posibilidad de conseguir un trabajo.
