La Ciudad Autónoma ha tenido que hacer frente a una deuda superior a ocho millones de euros derivada de la mala gestión del anterior Gobierno en los centros de menores, según se ha puesto de manifiesto en el último Consejo de Gobierno. Las facturas impagadas, los intereses acumulados y las costas judiciales afectan a dos de las entidades encargadas de la gestión de estos servicios: Fundación Diagrama y Arquisocial.
Durante la comparecencia, se explicó que la administración actual ha debido asumir los pagos correspondientes a periodos comprendidos entre noviembre de 2020 y septiembre de 2022, en concepto de servicios prestados que quedaron sin abonar por parte del Ejecutivo anterior. “Nos toca a los gobiernos responsables cumplir las obligaciones contractuales necesarias y pagar lo que otros dejaron pendiente”, se señaló.
Deuda con Fundación Diagrama
En el caso de Fundación Diagrama, responsable de la gestión del Centro de Menores Infractores, la deuda asciende a 6.375.291,29 euros. Se trata de facturas que permanecían impagadas desde el 18 de noviembre de 2020 hasta el 20 de septiembre de 2022, y que han tenido que ser regularizadas por el actual equipo de Gobierno.
El pago se ha efectuado en dos fases. La primera, en diciembre de 2023, con un abono de 4.915.965,57 euros a cargo de la Consejería de Políticas Sociales. La segunda, aprobada en el Consejo de Gobierno de esta semana, asciende a 1.145.540,78 euros, a los que se suman 313.785 euros de beneficio industrial más los intereses correspondientes.
Desde la administración local se ha recalcado que estos pagos responden a obligaciones reconocidas judicialmente, en cumplimiento de los contratos vigentes y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en el centro de menores.
Deuda con Arquisocial en el Centro de La Purísima
La situación no es muy diferente en el Centro de Acogida de La Purísima, gestionado por la empresa Arquisocial. En este caso, el Gobierno local ha tenido que abonar más de ocho millones y medio de euros en varios ejercicios para saldar la deuda acumulada.
En mayo de 2024, se efectuó un pago de 6.022.574,57 euros, que incluía facturas atrasadas y costas judiciales. Posteriormente, en enero y marzo de 2024, se consignaron en el juzgado 2.537.276,70 euros adicionales, junto con 5.200 euros en costas.
Estas operaciones permitieron cerrar completamente las obligaciones pendientes con la empresa y evitar la interrupción del servicio en un recurso fundamental para la atención de menores tutelados y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Una “herencia envenenada”
La portavoz del Ejecutivo autonómico calificó esta situación como “una herencia envenenada” del anterior Gobierno, al que acusó de haber gestionado “subinamente mal” la administración de los centros de menores. “Gestionaron tan subinamente mal todo lo que tenía que ver, entre otras muchas cosas, con los centros de menores que hemos tenido que hacer frente a una multa, por un lado, en el Centro de Infractores de Menores de más de seis millones de euros, 6.375.000 euros, como en el tema del otro centro, del Centro de la Purísima, de un total de 2.543.000 euros”, explicó.
Mohatar precisó que se trata de deudas asumidas por el Gobierno anterior, “no gestionadas” y que, por tanto, ha tenido que pagar el actual Ejecutivo. “Nosotros sí, porque lógicamente las empresas no tienen ninguna culpa si ellos ejecutan pufos, si hacen mal las cosas, si gestionan torpemente mal las cosas, pues lógicamente nos toca a los otros gobiernos responsables y que estamos donde tenemos que estar, en ejecutar las responsabilidades contractuales necesarias y en atender las sentencias o las órdenes que se nos den”, afirmó.
Según detalló, tanto Fundación Diagrama como Arquisocial “hicieron valer su derecho ante el juzgado de cobrar lo que se les debía”, y el actual Gobierno ha cumplido con esas obligaciones. “Repito, un pufo, una mala gestión y una herencia envenenada que nos ha dejado para poder resolver todo este entuerto al actual Gobierno”, concluyó.
