El medio ambiente, su defensa y conservación, debería estar por encima de cualquier otro interés en la relación entre los responsables políticos de ese áera y los ecologistas. Sin embargo, con independencia del color, política y ecologismo nunca han terminado de llevarse bien en este país. Existe un nivel de desconfianza tal que les impide colaborar. Hay muchos ejemplos de este sentimiento que se expresa con un continuo intercambio de miradas de reojo, tanto a nivel nacional como local. La última es el rifirrafe que mantienen desde unos días a esta parte el viceconsejero Guillermo Merino y Guelaya a cuenta de una actuación en el barranco del Nano.
Por un lado, Merino afirma que la trifulca se debe, especialmente, “al encargado de hacer las notas de prensa de Guelaya”. Y por su parte, los ecologistas señalan que el viceconsejero no representa la postura de la consejería que dirige José Ángel Pérez Calabuig y retan a éste a rectificar o respaldar las palabras de su subordinado.
No pinta bien la cosa. Más bien amenaza con enquistarse, sobre todo cuando Merino pregunta a Guelaya por 400.000 euros que supuestamente recibieron del Ministerio y los ecologistas le contestan que deberá responder de sus palabras e insinuaciones en el juzgado. Ante este estado de cosas, la intervención del consejero Calabuig se hace cada vez más imprescindible si desea que su subordinado recupere el sosiego y que los ecologistas no se echen al monte. Las aguas deben volver a su cauce por el bien del barranco del Nano y de los demás proyectos en los que están llamados a colaborar la Consejería de Medio Ambiente y Guelaya.
