Durante el año 2024, un total de 797 personas recibieron asistencia psicológica en Melilla como víctimas de delitos, a través de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) que el Ministerio de Justicia mantiene en la ciudad autónoma. Así lo revela el informe oficial de seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La cifra local forma parte de un total de 25.180 intervenciones psicológicas realizadas en todo el territorio nacional durante el mismo año. Estas atenciones son gratuitas, confidenciales y se enmarcan en los servicios públicos que el Estado ofrece a quienes han sido víctimas de un delito, con el objetivo de prestar apoyo emocional, jurídico y social en momentos de alta vulnerabilidad.
El programa, financiado mediante una subvención directa al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, contó con una partida específica de 1.051.800 euros, de los que se ejecutaron 1.001.344,38 euros, lo que representa un 95,2% de ejecución presupuestaria. El servicio cubre no solo la atención psicológica directa, sino también la elaboración de informes periciales solicitados por juzgados y tribunales.
En concreto, el informe detalla que durante 2024 se realizaron 433 informes periciales psicológicos, de los cuales 421 fueron completos, 12 incompletos y 57 no llegaron a ejecutarse por causas ajenas al Ministerio. Estos documentos son clave para acreditar el impacto emocional del delito y apoyar la toma de decisiones judiciales.
La OAVD de Melilla forma parte de una red nacional presente en provincias y ciudades donde el Ministerio mantiene competencias en materia de justicia. Su labor resulta especialmente relevante en territorios como Melilla, donde la población puede enfrentarse a contextos de especial vulnerabilidad social, económica o familiar.
El Ministerio de Justicia define estas oficinas como un recurso integral orientado a garantizar los derechos de las víctimas. Atienden tanto a quienes han presentado denuncia como a quienes aún no lo han hecho, ofreciendo información sobre el proceso judicial, acompañamiento emocional y orientación sobre recursos disponibles.
Entre los colectivos prioritarios para las OAVD se encuentran las víctimas de violencia de género, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, menores de edad, personas mayores y víctimas del terrorismo, entre otros. En todos los casos, la intervención profesional busca evitar la revictimización, especialmente en entornos judiciales.
El informe del Ministerio destaca el funcionamiento eficaz de esta línea de subvención, cuyo impacto ha sido significativo en términos de cobertura, calidad y rapidez en la atención. En Melilla, el volumen de atenciones implica una media mensual de más de 66 intervenciones psicológicas, lo que da cuenta de la utilidad y demanda del servicio.
Además de las cifras, el Ministerio subraya el valor social del programa, al tratarse de un servicio público que favorece el acceso a la justicia y refuerza el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones traumáticas. Las OAVD trabajan en coordinación con juzgados, fuerzas de seguridad, servicios sociales y entidades del tercer sector.
De cara a 2025, el Gobierno tiene previsto mantener la misma dotación presupuestaria para asegurar la continuidad del servicio. Esto permitirá que oficinas como la de Melilla sigan prestando atención directa a las víctimas, consolidando un modelo de justicia más humano, accesible y centrado en los derechos de las personas afectadas por el delito.
