Los trabajadores de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública han retomado este miércoles 21 de octubre las movilizaciones iniciadas en febrero de este año para denunciar el estado en el que se encuentra este edificio.
Esta protesta ha vuelto a contar con el apoyo de los 4 sindicatos de la Administración local.
En declaraciones a los medios, el presidente Comité del Empresa de la Ciudad Autónoma, Jorge García, ha denunciado la "pasividad y desidia" mostrada por la Administración local a la hora de buscar una solución para los problemas que presenta este edificio.
"Han transcurrido 7 meses desde que presentamos la denuncia ante la Inspección de Trabajo y ha quedado patente que todas las promesas realizadas por la Administración en las que aseguraba que el traslado de los empleados iba a ser inminente, eran falsas ya que no hemos visto una intención real de trasladar a los trabajadores a unas dependencias adecuadas".
Rodríguez ha recordado que la visita al inmueble realizada el pasado mes de abril por Inspección de Trabajo tan sólo ha servido para que la Administración llevase a cabo "ligeros cambios", como la compra de un botiquín o la instalación de cartelería señalizando las salidas de emergencia.
Una serie de medidas que el Comité de Empresa califica de "totalmente insuficientes" para solventar los "graves problemas" que presenta el edificio, como son el incumplimiento de la normativa de incendios, la presencia frecuente de malos olores o las humedades, moho y oxidación que presentan las vigas de la estructura del mismo.
"Todo ello provoca el malestar del personal que trabaja en un entorno inadecuado, insalubre y que pone en riesgo su propia integridad personal".
Por todo ello, los trabajadores quieren dejar constancia con estas movilizaciones de la "pasividad" mostrada por la Ciudad Autónoma, así como reafirmar su descontento y malestar por la falta de soluciones reales aportadas por la Administración local.
"Seguiremos reivindicando nuestro derecho a trabajar en un entorno saludable, seguro y que cumpla la legislación vigente en un tema tan importante como la prevención de riesgos laborales".
Una mejora complicada
Esta situación afecta a alrededor de medio centenar de trabajadores, quienes reconocen que el edificio de la Consejería precisa de una "reforma integral", defendiendo que la alternativa más inmediata pasa por trasladar a la plantilla a otras instalaciones.
El trabajador de la Consejería y delegado sindical de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) de Melilla, Gabriel Fernández, ha recordado que los sindicatos y trabajadores siempre han propuesto el traslado, alegando el "riesgo de insalubridad" que afrontan estos profesionales.
Sin embargo, ha lamentado la "falta de acción" de parte de la Administración, así como de respuesta de la consejera Randa Mohamed. Según ha explicado, en marzo les comunicaron que el traslado sería inmediato, pero, siete meses después, siguen sin conocer cuándo se hará efectivo.
"Desde el Comité de Empresa y la Junta de Personal sacamos el tema en cada reunión que tenemos y nos responden que están buscando, pero el problema persiste. Si tienen que trasladarnos a dos establecimientos, que lo hagan, pero aquí la gente quiere una solución inmediata".
Por lo pronto, las movilizaciones continuarán, tal y como ha anunciado el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Aníbal Palma, quien además ha asegurado que tienen previsto volver a dirigirse a la Inspección de Trabajo para conocer el estado del expediente abierto tras la denuncia presentada en marzo, afirmando que desde entonces tan sólo se ha hecho un "lavado de cara" en el inmueble.
Por su parte, Concepción Fernández, secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadores de Melilla (USTM), ha recordado como hace 27 años la Consejería de Fomento, la cual se encontraba en el mismo edificio, ya fue trasladada al Mantelete, puesto que se asumió entonces que "el edificio no cumplía con unas condiciones básicas".
Por ello, Fernández ha cuestionado que en lugar de haberse sometido a un acondicionamiento adecuado, el edificio acoja en la actualidad una Consejería que recibe tanto a empleados como a personas que acuden para realizar trámites administrativos.
"Queremos evitar que ocurra una desgracia que sea luego inevitable".
Traslado inminente
La consejera Marta Fernández de Castro explicó entonces que, antes del verano, ya se habían planteado distintas alternativas para abordar esta situación. Sin embargo, señaló que varias de estas actuaciones no pudieron ejecutarse debido a "causas de fuerza mayor" relacionadas con la baja de la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, al tratarse de una cuestión que requería la intervención de ambas áreas.
